Las autoridades no impulsan la reubicación de las familias que están en una zona de alta vulnerabilidad.
Las autoridades no impulsan la reubicación de las familias que están en una zona de alta vulnerabilidad.

Los humedales de , que abarcan 36 hectáreas, han sido recientemente reconocidos como una atracción turística en el distrito Veintiséis de Octubre. Sin embargo, parte de su entorno está ocupado por viviendas informales, lo que genera un conflicto con la Ordenanza Municipal N° 387-00-CMPP, emitida el 27 de septiembre de 2023, que clasifica la zona como de “riesgo no mitigable”, es decir, no es posible realizar trabajos para mitigar el riesgo.

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A pesar de esta clasificación, muchas familias han solicitado títulos de propiedad y el reconocimiento oficial de sus viviendas.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) será el encargado de recibir las solicitudes de formalización. Sin embargo, el proceso se complica debido a que las viviendas están ubicadas en una zona considerada de alto riesgo, según lo indicado por el ingeniero Samuel Farfán, representante del área de Catastro de la Municipalidad de Piura.

El asentamiento Alejandro Sánchez Arteaga es uno de los sectores que busca formalizar sus viviendas. Su dirigente, Marcos Gutiérrez, asegura que las 85 familias del asentamiento han estado establecidas en la franja marginal de los humedales durante 20 años. Estas familias fueron empadronadas como parte de una iniciativa para cumplir con la Ley N° 29869, promulgada el 20 de mayo de 2012, que establece un marco legal para el reasentamiento en zonas de muy alto riesgo no mitigable.

Las familias que habitan cerca de los humedales se encuentran en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos ni control territorial formal, lo que propicia la aparición de actividades delictivas. El dirigente señala que la única solución viable es la reubicación, ya que excavar apenas un metro y medio en la zona revela la presencia de agua.

Gutiérrez señala que el proceso de reconocimiento ya ha comenzado en la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre y se espera una respuesta de Cofopri sobre la entrega de los títulos de propiedad.

Frente a esta problemática, Cofopri informó que del trabajo realizado en la zona en 1999, sólo ocho lotes cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para ser titulados.

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La jefa de la oficina zonal de Piura, Cecilia Alberca Chuyes, señala que existe una resolución del año 2000 que declara la ineptitud para fines habitacionales del terreno de Sánchez Arteaga, basándose en el informe de evaluación de riesgo emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, Alberca Chuyes explica que, desde entonces, Cofopri no ha realizado ninguna actividad en estos asentamientos cercanos a los humedales, ya que la normativa vigente les impide hacerlo.

(Esta nota ha sido elaborada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Colaboraron: Teresa Alzamora, en redacción; Leonardo Alcalá y Andrea Maldonado, en investigación y Anthuanet Bejarano, en fotografía).

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