La empresa Corporación Diamante Jubers SAC, a cargo del proyecto de reconstrucción de pistas, veredas y sistema de drenaje pluvial del centro histórico de Piura, valorada en más de S/ 113 millones, ha sido inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) para contratar con el Estado hasta abril de 2028. La medida se aplicó por la presentación de información falsa y documentación inexacta en un proceso previo en la región Cusco. Actualmente, la obra en Piura registra un retraso crítico de casi 50% y presenta fallas en su expediente técnico. Especialistas y sociedad civil exigen investigar al Gobierno Regional por presunto favorecimiento y riesgos de corrupción.
Según la resolución N° 08920-2025-TCP-S1, el pasado 9 de febrero de 2026, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas declaró infundado un recurso de reconsideración presentado por la empresa Corporación Diamante Jubers SAC luego que la entidad determinó que la compañía vulneró la fe pública al presentar información falsa para adjudicarse un proyecto de saneamiento de S/ 10.3 millones en el distrito de Anta, Cusco.
Pese a los intentos de la empresa por deslindar responsabilidad culpando a sus socios de consorcio Crima Ingenieros Contratistas y Consultores SAC, el tribunal ratificó la responsabilidad solidaria mediante la resolución N° 01424-2026-TCP-S1, agotando así la vía administrativa en febrero de este año. De esta manera, Jubers SAC, cuestionada por obras en otras regiones y sin experiencia en la construcción de drenajes pluviales, ahora está impedida de contratar con el Estado peruano hasta abril del 2028.
Esta empresa ha sido cuestionada por especialistas y profesionales técnicos advirtiendo que no cumple con los requisitos para la ejecución de esta importante obra. Pese a ello, el gobierno regional adjudicó esta obra a Jubers SAC. Para ganar el proyecto, la empresa presentó como experiencia obras viales en Loreto, Huánuco y Cusco, sumando facturaciones que superan los 130 millones de soles en proyectos de transitabilidad.
El Comité de Selección del GORE Piura, integrado por Junior Céspedes Espinoza, César Pereda Medina y Marino Tafur Castillo, aceptó estos documentos como “similares” sin observar la falta de especialidad técnica, dejando de lado a otras 72 empresas postoras, de las cuales contaban con amplia trayectoria en ingeniería hidráulica, incluyendo firmas internacionales y especialistas en manejo de fluidos.
Al respecto, Juana Huaco, especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura (UDEP), dijo que se debe investigar a la comisión del Gobierno Regional de Piura que entregó la obra a dicha empresa. “Hay una comisión [del Gobierno Regional] que debe colocar los filtros para evitar estos casos. Piura no es como otras regiones y la empresa que ejecuta los trabajos en nuestro centro histórico debe tener experiencia. No solo es abrir calles y abandonarlas. La pregunta es: ¿qué están haciendo Defensoría, Fiscalía, Poder Judicial, Contraloría? Lo que está pasando aquí es corrupción, con todas sus letras”, comentó.
Para finalizar, al 17 de abril de 2026, la obra de drenaje pluvial apenas registraba un avance físico del 5.35%, cuando según el cronograma oficial debería haber superado el 55%. Este desfase representa un retraso crítico del 49.6%, que pone en riesgo la seguridad de la población ante la proximidad de las temporadas de lluvia y cuando organismos internacionales han anunciado un Niño Global.
El portal oficial Invierte.pe detalla que el drenaje ha sumado ampliaciones de plazo, extendiendo la fecha de culminación, inicialmente prevista para mayo, hasta el 9 de julio de 2026. Mientras tanto, el componente de pistas y veredas, también a cargo de Jubers SAC, apenas alcanza un 11% de ejecución, con una nueva fecha de entrega reprogramada para junio de 2027.
Cabe señalar que las graves deficiencias en el expediente técnico elaborado por el Gobierno Regional de Piura han provocado que la obra de drenaje ya registre adicionales por S/ 2.9 millones, elevando el costo del componente a los S/ 71.1 millones. Este incremento responde a la omisión de ductos de telecomunicaciones en el diseño original y a constantes ampliaciones de plazo.
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Al respecto, el gobernador Luis Neyra León admitió las fallas, justificando los retrasos en la falta de un catastro urbano actualizado que obliga a los obreros a realizar labores de “paleontología” para hallar redes eléctricas y de agua no mapeadas.
Por su parte, Mela Salazar, presidenta de la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, calificó el proceso como “bastante raro” y sugirió un presunto favorecimiento desde la elaboración de los términos de referencia.
Agregó que su organización ya ha presentado documentos sobre presuntas irregularidades y sostuvo que las autoridades regionales guardan silencio ante las evidencias de un proceso que parece diseñado para beneficiar a intereses particulares. “La corrupción está desde los expedientes técnicos”, dijo.
