Solo este mes se han registrado diez asesinatos a manos de sicarios extranjeros, que incluso graban sus delitos para poder cobrar por sus “servicios”.
Solo este mes se han registrado diez asesinatos a manos de sicarios extranjeros, que incluso graban sus delitos para poder cobrar por sus “servicios”.

Ante los 10 crímenes registrados en el mes de junio por sicariato y asalto, la mayoría perpetrados por ciudadanos extranjeros, la Policía inició las investigaciones para confirmar o descartar si estos se encuentran vinculados o no con la .

Según la información policial, ya tienen identificados plenamente a los ciudadanos venezolanos que ofrecen sus “servicios” de sicariato a través de las redes sociales, a cambio de fuertes sumas de dinero.

“No se ha establecido aún si son o no parte de esta organización delictiva el Tren de Aragua (…), aún no lo confirmamos, ni lo descartamos, estamos trabajando en las investigaciones y haciendo un montón de diligencias propias”, precisó el jefe de la División de Investigación Criminal–Divincri, coronel PNP Walter Castro Quiroz.

Castro añadió que la investigación es totalmente reservada, pero están avanzadas. “Estamos trabajando y abocados con mucho interés en los temas que aún no están resueltos”, recalcó Castro.

Asimismo, se conoció que tres de los venezolanos que estarían implicados en el crimen de su compatriota, Franyer José Arias Ortiz (20), el cual fue encontrado en el canal de regadío Biaggio Arbulú, en el distrito de Castilla, el pasado 7 de junio con siete disparos en el cuerpo; fueron intervenidos el 14 de junio por los efectivos policiales de la comisaría de San Martín con un arma de fuego y municiones, pero que fueron puestos en libertad por el Ministerio Público porque la Policía, en ese momento, no tenía la información que actualmente maneja, de que ellos serían autores de innumerables crímenes.

Ese caso aún no ha sido cerrado y se espera el resultado de la absorción atómica para continuar con las diligencias de la investigación.

Esa intervención de la comisaría de San Martín solo calificaba para tenencia de armas, pero el propietario de las armas sospechosamente fugó durante la intervención, según los documentos de la Policía, por lo que no se les podía retener.