El alcalde Gabriel Madrid cuestiona al gobernador regional por no haberle exigido mayor seguridad a Dina Boluarte, en el encuentro que tuvieron el jueves último.
El alcalde Gabriel Madrid cuestiona al gobernador regional por no haberle exigido mayor seguridad a Dina Boluarte, en el encuentro que tuvieron el jueves último.

Tras el asesinato de tres jóvenes profesionales en la ciudad de Sullana, el último viernes, en manos de sicarios, el gobernador regional, alcaldes de Piura y Vichayal, así como los colegiones profesionales levantaron su voz de protesta y exigieron al gobierno central tomar acciones inmediatas y concretas para frenar este derramamiento de sangre en la región .

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El gobernador regional, a través de un comunicado, pidió al Poder Ejecutivo que se incremente de manera inmediata el número de policías y patrulleros en la región. “Es imprescindible reforzar la seguridad ciudadana, garantizando la protección de todas y cada una de las personas que habitan en Piura, para que nuestras actividades económicas puedan desarrollarse en un clima de tranquilidad y paz”, se lee en el pronunciamiento público.

Este pedido lo hace a destiempo, ya que el jueves último estuvo con la presidenta Dina Boluarte en Piura y no le reclamó por los continuos crímenes que se registran en la región.

La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) también emitió un pronunciamiento público, en el que hizo un llamado a la unidad nacional para extirpar de raíz la criminalidad que pone en peligro la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

“El sicariato, la extorsión y la criminalidad han puesto sus ojos en trabajadores, comerciantes, transportistas y jóvenes, mientras el Ejecutivo sigue enfocado en sus propia agenda, al margen de las necesidades de la mayoría de la población. Piura, como en otras regiones, se desangra y la presidenta brilla por su ausencia”, recalca el pronunciamiento de la MPP.

La comuna de Piura criticó que no es posible que para el gobierno nacional sea más importante la supervivencia de algunos ministros que la tranquilidad de todo el pueblo peruano.

“No es posible que el gobernador regional (Luis Neyra León) haya desaprovechado una oportunidad única (en el encuentro del jueves) para interpelar a la presidenta y exigir, acorde a sus funciones, medidas urgentes a favor de la región. Más si se tiene en consideración que decenas de ciudadanos en Sullana esperaban con pancartas un pronunciamiento en contra de la inseguridad, de las tragedias diarias que viven. No hubo nada de eso. A las horas, los crímenes continuaron”, agrega el comunicado de la comuna de Piura.

El comunicado de la municipalidad de Piura también señala que al gobernador regional Luis Neyra le correspondía poner los puntos sobre las íes con la presidenta y su comitiva.

“Era ese el momento. Los comunicados a posteriori terminan siendo un saludo a la bandera cuando se desaprovechan esas oportunidades”, indica la comuna de Piura.

Además, exige al gobierno nacional que asuma su responsabilidad con el pueblo piurano.

“Cada gota de sangre derramada evidencia el fracaso en materia de seguridad del gobierno. Es intolerable que Piura siga viviendo en el miedo constante. Es trabajo de la presidenta, del ministro del Interior y del jefe de l Macrorregión tomar el toro por las astas. En sus manos están la vida de miles de piuranos”, subraya el comunicado.

La Municipalidad Distrital de Vichayal, en Paita, también pidió reforzar de inmediato la seguridad en la región Piura.

“Este trágico evento evidencia una crisis de seguridad que ha alcanzado niveles alarmantes en nuestra región Piura, revelando la amenaza creciente de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. Ante esta grave situación, es necesario que el Gobierno Central tome medidas decisivas y urgentes. Exigimos la declaración inmediata del estado de emergencia en la región Piura, con el respaldo de un plan integral para el reforzamiento de la seguridad”, indica.

El Colegio de Arquitectos de  Piura expresó su profunda indignación y protesta ante los actos de violencia y en un pronunciamiento condenó la negligencia de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y exigió una respuesta inmediata.

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