El Juzgado Civil de Castilla ordenó que se remitan copias a la fiscalía penal y se denuncie por el delito de desobediencia y desacato a la autoridad a todos los integrantes del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP) por no cumplir con la ejecución inmediata de sentencia de la acción de amparo interpuesta por José Ordinola Boyer en relación con las últimas elecciones realizadas en esta casa superior de estudios.
Con la resolución N° 02 del 20 de febrero del presente año, la jueza del Juzgado Civil de Castilla, Tania Victoria Castillo Domínguez, declaró improcedente un pedido de aclaración presentado por el presidente del Comité Electoral de la UNP, Vicente Luis Paredes Muro.
El juzgado determinó que no existían conceptos oscuros en la orden judicial previa y que el Comité pretendía utilizar este recurso para frenar la ejecución de una sentencia de amparo. La orden judicial exige que el Comité valide si existió fraude, cohecho o violencia en el proceso electoral complementario para rector; de lo contrario, deberá respetar los resultados de la segunda vuelta y proclamar al ganador conforme al cronograma.
Según la resolución, el Comité Electoral ha sido “renuente” al cumplimiento del mandato judicial que le obligaba a pronunciarse sobre los pedidos de nulidad de las elecciones de julio de 2025. Los plazos otorgados originalmente (5 y 7 días hábiles) vencieron en exceso sin que la autoridad universitaria informara sobre avance alguno.
La jueza de Castilla nuevamente ha otorgado un último plazo de tres días hábiles para que el Comité Electoral cumpla con lo ordenado en la Resolución Nro. 1, en caso de persistir el incumplimiento, se aplicarán una serie de medidas.
Si el Comité persiste en su negativa de cumplir con la sentencia, además del envío de los actuados a la fiscalía para la denuncia penal también se impondrá una multa de 4 Unidades de Referencia Procesal (URP), la cual tendrá carácter compulsivo y aumentará si se mantiene la rebeldía.
El demandante, José Luis Ordinola Boyer (candidato de “Dignidad Universitaria”), denunció que el CE buscaba “congelar” el proceso hasta el 12 de marzo, fecha en que cesan sus funciones, para evitar responsabilidades legales. Existe una ampliación de investigación penal que involucra no solo a los 05 miembros del Comité, sino también al rector encargado, Enrique Cáceres Florián.
