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En un tiempo récord de cuatro horas, la alcaldesa de Salitral, Ysmenia Monja, el exgerente municipal Alan Marcelo y varios funcionarios, cancelaron un proceso de licitación, declararon en emergencia un proyecto de 9.6 millones de soles y contrataron de forma directa a una empresa. Esta información forma parte de la investigación que hizo la Fiscalía a los presuntos integrantes de “Los Audaces”.
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Récord
Solo 6 días después de adjudicar la obra de “Mejoramiento y ampliación de la pavimentación de las vías y veredas de la localidad de Salitral, provincia de Morropón”, los mismos involucrados aprobaron la primera valorización y le dieron más de 1 millón 885 mil soles a la empresa contratista, monto que representaba el 20% del avance físico de la obra.
Para la Fiscalía, estos son indicios de que existió un desmedido afán de favorecer a una empresa contratista, con lo cual se habría configurado el presunto delito de colusión agravada.
Estos indicios obran en la resolución judicial de 82 páginas con la cual se aprobó la detención preliminar por 72 horas contra la alcaldesa, su exgerente, cinco funcionarios y la representante de la empresa contratista.
El hecho investigado sucedió el 2 de agosto del 2019, con la obra de más de 9.6 millones de soles.
Antes de ese día, los funcionarios implicados organizaron dos procesos de selección, en los cuales resultó ganador el Consorcio Salitral, conformado por las empresas WA & RR Contratistas Generales EIRL y EQQUS SA.
En ambos procesos, el OSCE observó el proceder de los funcionarios por no atender las consultas de los otros competidores, a quienes incluso no se les recibía los documentos, a pesar de ir en compañía de la Policía.
El 1 de agosto fue la última adjudicación que fue observada por OSCE. Al día siguiente, se iniciaría una maratónica jornada para declarar en emergencia el proceso de licitación y así contratar de forma directa.
A la 1:59 p.m, el asesor legal de la comuna, Miguel Rosas Quinteros, emite el informe legal para sustentar la emergencia, basado en un supuesto memorial enviado por la población de Salitral.
A las 2:00 p.m, James Chaquila Lizana, en calidad de encargado de la División de Desarrollo Urbano, también emite informe favorable. En ambos informes, se toma como referencia el DS 035-2017 para sustentar la emergencia.
Ese mismo día, 2 de agosto del 2019 a las 02:37 p.m, se habría realizado una sesión de concejo para aprobar la declaratoria de emergencia del proyecto de pistas y veredas.
A las 5:00 p.m del mismo día, se realizó la apertura de sobres, evaluación de ofertas y otorgamiento de buena pro de la contratación directa, dando como ganador al Consorcio Salitral a las 6:00 p.m.
“Todo ello se hizo en un tiempo récord de 4 horas y un minuto”, refiere la Fiscalía. De acuerdo a los papeles, el proceso fue conducido por la funcionaria María Montero Camacho, sin embargo, en declaración ante la Fiscalía, dijo que nunca participó.
En los continuos allanamientos a la comuna tampoco se han encontrado documentos de la propuesta económica y técnica de la empresa que ganó la buena pro.
Más indicios de colusión
Otro indicio de la Fiscalía sobre la presunta colusión entre funcionarios y empresarios para defraudar al Estado, es la inusitada rapidez con que se dio el primer pago de la valorización.
La solicitud se tramitó el 8 de agosto, vale decir seis días después de la contratación directa. Por si fuera poco, la empresa solicitó el pago de una primera valorización por 1 millón 885 mil 544 soles, que corresponde al 20% del avance físico de la obra.
Por estos hechos, la Fiscalía considera que se pone “en evidencia que el objetivo no era otro que beneficiar indebidamente al Consorcio Salitral, otorgándole la buena pro a como dé lugar”.
Por este caso también se detuvo a la empresaria Anita Chuquihuanga Pintado y a los funcionarios y exfuncionarios María de Lourdes Montero Camacho, James Luis Chaquila Lizana, Roger Alberto Príncipe Reyes, Brenda Maryuri Vilcherrez Flores y Pedro Edward Reaño Márquez.
