La Contraloría General informó que la región Piura reportó un perjuicio económico de más de 53 millones de soles por presuntas irregularidades en obras y servicios durante el año 2023. Además, se involucran a 465 funcionarios y servidores de diferentes entidades públicas, involucrados en las deficiencias.
El encargado de la Gerencia Regional de la Contraloría, Marlon Tinoco, explicó durante la presentación del balance de gestión de control gubernamental de 2023, que en la región Piura se emitió un total de 2,215 informes, de ellos 618 corresponden al control posterior y se incluyen 95 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico.
Durante la exposición, Tinoco sostuvo que las auditorías y servicios de control específico que detectaron irregularidades permitieron efectuar el control a un monto de S/ 367′326,626. De este total, la ejecución de S/ 77′594,404 fueron observados; además, identificaron un perjuicio económico de S/ 53′123,685 en diversas entidades de la región Piura.
La entidad detectó 1050 presuntas irregularidades y 465 funcionarios y/o servidores públicos con diversas responsabilidades. De tipo civil, hay 273, y 264 por procedimiento administrativo sancionador (PAS).
PUEDES VER: Intervienen a tres personas con armas, municiones y dinamita en Ayabaca
Asimismo, dijo que este perjuicio económico se debe a las presuntas irregularidades en más de 20 obras que se ejecutan en la región, donde destaca el control específico a las fallas irreparables en el pavimento de la obra del camino vecinal Repartidor, en la provincia de Sullana, donde se detectó una presunta pérdida económica de S/ 10′170, 094 y la presunta responsabilidad administrativa y penal de tres funcionarios y/o servidores.
Mientras tanto, también se identificó irregularidades en el saldo de obra de mejoramiento de protección contra inundaciones en el río Piura, entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración, donde habría un perjuicio de S/ 2′646,739 y dos funcionarios involucrados.
Además, de presunta irregularidad en la obra de rehabilitación de la I.E 20146 del caserío Cerezal, y en el proceso de control de asistencia y permanencia del personal CAS detectado en la municipalidad de Castilla, cuyas pérdidas pasan el 1.2 millones de soles, entre otras obras con presuntas anomalías registradas el año pasado.
En tanto, el gerente informó que para la agenda de 2024 se ha programado ejecutar 1116 servicios de control. 1006 corresponden a control simultáneo y 110 a control posterior.
Cabe señalar que, por los controles simultáneos, se identificaron 2671 situaciones adversas o riesgos que alertaron a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas, sin embargo, en 1051 situaciones adversas (39%) no se adoptaron acciones para corregirlas, 1015 (38%) no han sido corregidas y 17 (1%) han sido desestimadas. Solo 588 (22%) fueron resueltas.
