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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura instó a la Dirección Regional de Educación a activar mecanismos para la distribución oportuna y célere de 140 toneladas de material educativo impreso y didáctico correspondiente a la dotación para el año 2022, destinados a los colegios públicos de su ámbito territorial, situación alarmante ante el inicio de las clases. César Orrego anunció que remitirá al Ministerio Público y Contraloría General de la República lo hallado de años anteriores.
Durante la supervisión realizada en el almacén de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Piura, también se constató que aproximadamente 30 toneladas de textos escolares que corresponden a los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021 tampoco fueron repartidos, además, se encuentran en condiciones de almacenamiento inadecuado, con polvo, en el piso y cajas abiertas. Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al director de la UGEL Piura levantar el registro completo del material escolar de años anteriores para que se dé el destino que exige la Constitución y la ley en garantía del derecho a la educación, así como se investigue la responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento del deber de entregar y velar por el uso de los materiales por parte de la población escolar.
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Por su parte, el director de la UGEL Piura informó que la Dirección Regional de Educación (DRE) realizó el proceso de “Contratación de servicio de modulado y transporte de carga para la distribución de materiales y recursos educativos durante el año 2022 a cada institución educativa de las UGEL Piura, La Unión, Tambogrande y Sechura del ámbito de la jurisdicción de la unidad ejecutora 300″, pero ha sido impugnado y se encuentra por resolver en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), procedimiento que impide la distribución del material escolar.
Ante ello, la institución recordó que es responsabilidad del Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación y las UGEL garantizar y realizar el traslado gratuito de los materiales hacia cada institución educativa pública. “Esta labor de distribución debió realizarse con la debida organización y anticipación para no afectar el inicio y desarrollo del año escolar de las/os estudiantes de la región”, precisó el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego.
“Esto es un grave atentado contra el derecho a la educación de miles de estudiantes en Piura y se debe dar solución inmediata, se trata de material que debe servir para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa”, expresó César Orrego.
