La Municipalidad Provincial de Piura anunció que iniciará procesos para destituir a los servidores ediles que ocasionaron un perjuicio de S/ 6.8 millones por las irregularidades que detectó la Contraloría en la obra denominada Creación del servicio de protección ante inundaciones de la ribera de la margen izquierda del río Piura, en el tramo Mariátegui-Jirón Zepita, tramo Rinconada, tramo Narihualá, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande, en el distrito de Cura Mori.
TAMBIÉN PUEDE LEER: Contraloría halla deficiencias técnicas en una obra S/ 1.6 millones en Piura
El jefe de personal de la Munipalidad de Piura, Junior Ramos, anunció que la actual administración municipal tomará cartas en el asunto para resarcir el daño.
En tal sentido, tomando como base los hallazgos de la Contraloría, explicó que se procederá con el inicio de procedimientos disciplinarios contra a todos los servidores que resulten responsables de haber actuado en perjuicio de los intereses de todos los piuranos.
Los abogados municipales ya empezaron a emitir sus informes para destituir a los malos servidores públicos de la gestión pasada.
Como es público, la Contraloría detectó que el Comité de Selección de la obra entregó la buena pro de manera irregular al Consorcio Marinapecu, a pesar de que este no respaldó su línea de crédito, en detrimento de los otros dos consorcios participantes que sí contaban con ese requisito fundamental.
Lo que se había estipulado en un monto fijo del costo de la obra adjudicada, terminó aumentado enormemente. El perjuicio económico hacia los intereses municipales, según la Contraloría, se calcula en 6′887,354, que se explican en el aumento sin sustento de los precios unitarios de maquinaria pesada y de las partidas para los trabajos de suministros de rocas.
Para el ente regulador, estos montos elevados fueron aprobados a conocimiento de Sigifredo Pasache Araujo, jefe de la Gerencia Territorial y Transportes, y de Lenin Talledo Peña, jefe de la División de Obras, que además formó parte del comité de selección.
Asimismo, el ente regulador informó que los funcionarios realizaron una evaluación a los consorcios no admitidos basado en normas que no estaban contempladas en el concurso.
