Un escándalo de corrupción sacude a la Municipalidad Distrital de Castilla, donde una auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República ha revelado un perjuicio económico de S/ 86,716.55 debido a la anulación irregular de recibos de caja y la apropiación de fondos públicos. La investigación ha identificado a varios funcionarios y exfuncionarios con presunta responsabilidad penal, lo que ha llevado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a iniciar acciones legales.
El informe de auditoría N° 033-2025, que abarca el período del 1 de enero de 2022 al 30 de mayo de 2025, detalla cómo los recibos únicos de caja (RUC) fueron anulados en el Sistema de Gestión Tributaria Municipal (SGTM) sin el consentimiento ni conocimiento de los contribuyentes, quienes conservaban los recibos originales de sus pagos. Los informes diarios de ingresos no reflejaban estas anulaciones, permitiendo que el dinero recaudado no ingresara a las cuentas municipales.
Entre los principales implicados se encuentra Gerardo Ernesto Palacios Díaz, cajero de la Subgerencia de Recaudación, quien habría gestionado la anulación de 43 recibos por un monto total de S/ 86,716.55, apropiándose presuntamente de estos fondos. La auditoría señala que Palacios Díaz emitió nuevos recibos por montos inferiores a los originales, sin justificación legítima.
Asimismo, los subgerentes de Recaudación Nicolás Francisco Timaná Álamo, Pedro Pablo Jiménez Castillo y Rubén Milton Flores Córdova, son señalados por registrar las anulaciones a solicitud del cajero bajo su supervisión, validando informes de recaudación diaria incompletos y sin el sustento documental requerido.Timaná Álamo está vinculado a la anulación de ocho recibos por S/ 8,394.51, Jiménez Castillo a doce recibos por S/ 25,036.53, y Flores Córdova a veintidós recibos por S/55,000.43.
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Las jefas de la Oficina de Tesorería, Nelly del Pilar Chapa Carreño, Grace Connie Arrese Jiménez y Estátira Blanca Herreros Quiroz, junto con el cajero principal Joao Amaral Núñez Chávez, también enfrentan presunta responsabilidad administrativa por no supervisar adecuadamente los procesos de compensación, depósito y conciliación de ingresos.Se les acusa de delegar sus obligaciones y no anunciar las irregularidades en los informes diarios, lo que permitió el desfalco.
La Contraloría ha remitido el informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes, y ha recomendado al titular de la Municipalidad de Castilla que se realicen las acciones administrativas para deslindar responsabilidades y culminar los procedimientos disciplinarios iniciados. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación por la presunta comisión del delito de peculado doloso, según Carpeta N° 2606065500-2024-292-0.
