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La Contraloría General de la República detectó pagos presuntamente irregulares y fuera del plazo legal en la obra de construcción del puente sobre la quebrada Yale y protección del talud, valorizada en 11 millones 273 mil 720 soles, que se ejecuta en la provincia de Talara.
Informe
Esto lo detalla el informe de hito de control Nro. 09-2021 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Talara. La obra la ejecuta la comuna provincial y a la fecha de realizado el informe, los trabajos tienen un avance financiero mayor al 87% del monto contractual.
La comisión de auditores cuestiona el pago de la valorización Nro. 10, por 397 mil 092 soles de mayo pasado. Este pago se hizo a pesar que el plazo contractual venció el 13 de abril, luego de cinco diferentes ampliaciones que planteó la contratista Murgisa Servicios Generales SRL.
La partida en cuestión consiste en la instalación de barandas metálicas, pavimentación asfáltica, acomodo de roca y piedra en los gaviones, vías de acceso al puente, entre otros, que continuaron en ejecución después del plazo oficial de la obra.
Pese a este hecho, los funcionarios de la Municipalidad de Talara dieron conformidad a los pagos que solo habrían beneficiado a la contratista.
“Las áreas técnicas de la entidad han otorgado la conformidad a la valorización de la obra Nro. 10, relacionados a trabajos ejecutados en el mes de mayo del 2021, para el trámite y pago correspondiente, con el fin de reconocer mayor financiamiento al contratista ejecutor por actividades realizadas de forma extemporánea a la fecha de término previsto de la obra”, se lee en el informe de Contraloría.
La empresa presentó hasta 12 requerimientos de ampliaciones de plazo, pero la comuna solo le aprobó cinco, dejando como última fecha del fin de plazo contractual el pasado 13 de abril.
PARALIZADA
Otra observación del ente de control es que dichos trabajos continuaron a pesar de la alerta de riesgo eléctrico que se emitió por la cercanía de la línea de alta tensión de 33 kV que pasa por encima de la estructura del puente.
De acuerdo a la norma vigente, las líneas de alta tensión deben ubicarse por encima de los 3.8 metros de altura, en tanto que el actual viaducto está a una distancia vertical de 3.62 metros, por lo que existe riesgo eléctrico.
La norma añade que se debe incrementar 10 milímetros más por cada kilovolt, cuando se sobrepase los 23 kV.
“A la fecha no se han culminado los trabajos de ajuste de pernos y pintura (en tercera etapa) de la estructura metálica debido al riesgo eléctrico grave existente por la cercanía en la parte superior de la superestructura con la línea de alta tensión de 33 kV que pasa por el área de intervención del puente”, resume el informe.
La línea de alta tensión, que es parte de una concesión de Petroperú que pasa por la zona, es una de las interferencias que afectan la continuidad de los trabajos.
Otro punto de conflicto es la tubería metálica de 8 pulgadas de la EPS Grau que cruza la quebrada y que es sostenida de forma provisional por unos palos de madera.
La Contraloría advierte que la empresa no tendría un plan de mitigación para resolver estas interferencias en lo relacionado a la línea de alta de tensión que implica un riesgo a la vida de trabajadores y usuarios del puente, así como por la tubería de agua. “Ante cualquier eventualidad en la ejecución de la obra [se genera el riesgo] de que se interrumpa el suministro de agua potable a la población del Cono Norte de la ciudad de Talara y el distrito de Lobitos, además se superpone al área de intervención de la obra, lo que representa una interferencia, la cual afectaría el término de ejecución de obra”, se lee en el informe.
Sobre estas dos interferencias, los auditores sostienen que sería responsabilidad contractual de la empresa contratista, ya que en el acta de entrega formal del terreno (21 de diciembre del 2018) no se hizo observaciones a interferencia alguna.
De acuerdo al acta suscrita por ambas partes se concluye que el “área a intervenir no tiene ninguna limitación para el desarrollo de los trabajos”.
La observación del riesgo eléctrico se hizo también el 15 de abril pasado por parte de una empresa contratada por Osinergmin, además del personal de Petroperú encargado de la línea de alta tensión que alimenta el área de la refinería.
