La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 1′251,736 por el pago íntegro de remuneraciones a trabajadores bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS) durante el período 2021 al 2022, pese a que registran inasistencias y tardanzas injustificadas, durante la gestión anterior de la Municipalidad Distrital de Castilla, en la región Piura.
TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Instalan seis tanques tormenta para evitar inundaciones a causa del Fenómeno El Niño
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 049-2023-2-2407-AC, relacionado al “Proceso de control de asistencia y permanencia del personal CAS”, realizada por los auditores, se determinó que los trabajadores se beneficiaron con pagos irregulares, pese a que registran inasistencias y tardanzas injustificadas.
Esto se ha determinado luego que los auditores, cruzaron información con los reportes de asistencia, tanto manual como electrónica de las papeletas, planillas, comprobantes y boletas de pago en los que se evidenció que no se efectuaron los descuentos correspondientes por las tardanzas e inasistencias de los empleados en los años 2021 y 2022.
Según el informe de la Oficina de Control Interno, los pagos irregulares se originaron gracias a la venia de los entonces jefes de Recursos Humanos (Luis Albirena Eyzaguirre, José Silva Vargas y Néstor Mejía Bermejo), quienes autorizaron las planillas de remuneraciones mensuales y emitieron informes para el inicio del trámite del pago de servidores CAS sin realizar los descuentos correspondientes por las inasistencias y tardanzas injustificadas.
También dichos pagos se hizo, según los auditores, por “la conducta negligente de Yngrid Lazo Ancajima e Irving Briceño Maza, ambos encargados de remuneraciones, quienes elaboraron las planillas mensuales sin verificar todos los reportes de asistencia del personal CAS, omitiendo efectuar todos los descuentos correspondientes por inasistencias y tardanzas injustificadas del personal”.
La Contraloría agregó que también tuvieron responsabilidad en este perjuicio económico en contra de la comuna castellana, los encargados del control del personal y de la oficina de escalafón de Recursos humanos, al omitir sus obligaciones funcionales de reportar las inasistencias y tardanzas de los empleados CAS, durante la gestión del exalcalde, José Aguilar.
Los auditores encontraron que los servidores CAS, de manera reiterada durante el 2021 y 2022, registraron asistencia después de las 8:10 a.m. y 8:15 a.m. y no se les registró como inasistencia, tal como lo establece el reglamento de la comuna y pese a ello se les pagó el total de sus remuneraciones.
Además, se detectó que trabajadores CAS omitieron registrar la marcación de ingreso y salida, tanto manual como biométrica y tampoco existía papeletas o documentos que justifiquen dicha omisión, tal como lo ordena el mismo reglamento interno de la municipalidad de Castilla.
