El 50% de políticos piuranos no podría postular a elecciones

La reciente promulgación de la ley que impide la postulación a cargos públicos a las personas sentenciadas en primera instancia, pondría en aprietos a un significativo grupo de políticos de la región Piura que tenían puestas sus expectativas en las próximas elecciones presidenciales y congresales de abril del 2021, además de los comicios para los sillones municipales y regional en el 2022. Un 50% de los candidatos ya conocidos quedarían fuera de la contienda electoral y esto implicaría la formación de nuevas alianzas políticas con miras a los comicios.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La excandidata a la alcaldía de Piura, Kelly Morillas, enfatizó que la lucha contra la corrupción necesitaba de una modificatoria estructural que fortalezca la democracia y permita tener candidatos con conductas intachables que entren a ocupar un cargo público por vacación de servicio y no para llenarse los bolsillos con dinero que pertenecen a las arcas del Estado.

“Vemos que habían sentenciados, tras sentenciados que ocupaban una plaza con un cargo de confianza o postulando a alguna candidatura, y consideramos que esto (nueva ley) es un límite para que las personas tengan una hoja de vida intachable y sean personas que entren a política a trabajar con las convicciones de servicio a la comunidad”, expresó.

Morillas, añadió, que debe haber un trabajo articulado en las acciones de la lucha contra la corrupción entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, con la finalidad que se trabaje con la celeridad los casos de corrupción de exautoridades que cuentan con procesos.

“Muchas de estas exautoridades van a pretender postular a algún cargo público, pero arrastrando procesos judiciales en trámite y que posiblemente, en su gran mayoría, terminan con una sentencia en primera instancia por delito doloso. Las instituciones deben trabajar para que la norma traiga consigo los objetivos que se plantearon, porque la nueva ley sería un saludo a la bandera si nuestro Poder Judicial termina los juicios orales en 8 años, y ya dejaron postular al candidato”.

PRINCIPIO

El constitucionalista Carlos Hakansson, acotó que si bien es cierto la nueva ley que prohíbe la postulación de candidatos condenados en primera instancia busca garantizar que las futuras autoridades no sean cuestionadas; sin embargo, esta vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia que toda persona tiene y, además, politiza la justicia.

“Se afecta el principio de presunción de inocencia porque un candidato cuestionado puede apelar y salir libre de la acusación. Además, esto puede significar que en el marco electoral donde se ha perdido el “juego limpio”, parte de la “estrategia” puede significar que se denuncie a una persona para alejarlo de la contienda política”, refirió.

Con respecto a la politización de la justicia, Hakansson añadió que la confirmación de condena en primera instancia siempre va involucrar al Poder Judicial en un proceso electoral de manera indirecta y puede prestarse a malos entendidos, por parte de la opinión pública, porque se está sacando a un candidato de contienda.

El abogado Oscar Tuesta coincidió con su colega Carlos Hakansson, en detallar que es una ley anticonstitucional, ya que vulnera la doble instancia, es decir, el principio de presunción de inocencia. Además, dijo que la nueva ley fue aprobada por el Congreso por presión del presidente Martín Vizcarra, pero el Tribunal Constitucional puede pronunciarse y derogarla.

“El problema es que el señor Vizcarra es muy populista, es decir, para la foto, pero a mi criterio está mal dada porque vulnera el principio de instancias”.

Para el especialista, esta nueva ley puede ser utilizada por los candidatos, quienes pueden sacarle la vuelta, y colocar a sus candidatos para gobernar por debajo de la mesa.

EN TERCER PUESTO

Hace unas semanas la Contraloría detalló el ranking de las ciudades con mayor perjuicio económico por casos de corrupción, colocando a Piura en el tercer puesto y con una pérdida de 1,039 millones de soles. Ello sumado a una larga lista de exautoridades que han sido sentenciadas por delitos de corrupción como la exalcaldesa de Castilla Violeta Ruesta, quien en primera instancia fue sentenciada a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada por irregularidades en la adjudicación de una obra; luego se le vario la pena en la Corte Suprema en Lima a 4 años de prisión suspendida. De igual manera, el exgobernador regional, Javier Atkins, cuenta con una pena suspendida por el delito de negociación incompatible, entre otros conocidos personajes de la política piurana.