Piura: El restobar María Bonita tiene clausura definitiva

La problemática del restobar María Bonita, en la zona de Los Ejidos, no solo se limita a la parte social por el fuerte ruido que se registra en la zona o el caos vehicular, pues se constató que también tiene problemas administrativos, como la clausura definitiva.

Correo obtuvo el acta de clausura del establecimiento serie “J” N° 002378, donde se detalla que el local María Bonita, de propiedad de Plantare S.A.C., tiene una clausura definitiva desde el 31 de marzo de este año y pese a esa disposición, se sigue burlando de la autoridad municipal al continuar realizando eventos todas las semanas.

En dicho documento se consigna que el local infringió la ordenanza municipal 125 del año 2013 (código 06-903), por no acatar la orden de clausura temporal.

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El artículo 38 inciso 2 de dicha ordenanza municipal precisa que la clausura definitiva consiste en la prohibición definitiva, en razón que la actividad materia de infracción no es regularizable o es consecuencia de una revocación o cancelación de la licencia de funcionamiento, del uso de edificaciones, establecimientos o servicios para el desarrollo de una actividad sujeta a autorización municipal (…).

La ordenanza edil también precisa que en caso de desacato a la clausura – tal como se configura este caso- dará lugar a la imposición de una segunda multa y la Oficina de Fiscalización y Control realizará las acciones necesarias a efectos que la procuradoría pública municipal formule la denuncia penal por desobediencia o resistencia a la autoridad municipal.

Sobre este punto, el procurador público municipal, Edson Montalbán Sandoval, confirmó a Correo que el área de Fiscalización no le ha enviado ninguna documentación para poder denunciarlos.

“Yo necesito tener los actuados, evaluar y denunciar porque de oficio no puedo hacer nada. Fiscalización debe enviar un informe dándome cuenta de las intervenciones. Ante una publicación que me han hecho conocer, yo el día de ayer (viernes 29 de abril) ya le solicité a Fiscalización si existe alguna intervención o intervenciones que se hayan realizado allí para proceder, estoy esperando que me respondan para evaluar. Si es reincidente y sigue atendiendo, no obstante de las sanciones y clausuras, ya evaluaremos para denunciar penalmente”, precisó Edson Montalbán.

OMISIÓN DE FUNCIONES

Hasta el momento existe una omisión de funciones por parte del gerente de la Oficina de Fiscalización y Control, Carlos Gómez, porque hasta el momento dicho funcionario, que es hombre de confianza del alcalde Juan José Díaz Dios, no envía al procurador la documentación que permita iniciar la denuncia penal, pese a que ya pasó más de un mes desde que impusieron la clausura definitiva.

El gerente edil Carlos Gómez se justifica diciendo que María Bonita logró levantar las observaciones, pero eso iría en contra de la misma ordenanza municipal 125 del año 2013, ya que allí se precisa que la clausura definitiva se produce porque la actividad materia de infracción no es regularizable.

“Dichos descargos fueron declarados fundados, por cuanto se procedió al archivo del procedimiento administrativo sancionador, tal cual es el derecho de los administrados. No obstante, la comuna provincial ha dado cuenta que ello no libera a este local, así como otros de la ciudad, al control del cumplimiento de las normas municipales”, señala la comuna de Piura.

Al pedirle a la comuna de Piura que nos entregue los descargos que hizo María Bonita por la clausura definitiva, no nos entregó los documentos, lo cual no contribuye a la transparencia de este caso y más bien echa más sombras sobre el restobar.

Correo también se contactó con Ricardo Rodríguez Santiváñez, quien figura como apoderado de Plantare S.A.C en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, quien nos manifestó que el local lo alquilan a terceras personas.

“Yo soy hijo de los dueños, los propietarios lo alquilaron desde el primero de enero a dos señores (...). Antes de alquilar el local, nosotros tramitamos una licencia que la sacamos desde el año pasado, con una razón social nuestra (...). En el contrato firmado con las personas a las que se les alquiló, figura que deben cumplir con la regulación municipal y todo tipo de regulación que haya”, finalizó Rodríguez Santiváñez.