Tras la propuesta legislativa que busca reestructurar los altos órganos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para acabar con las mafias en los penales, el especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Piura (UDEP), Guillermo Chang, indicó que, además, tienen que ver la posibilidad de no sólo educar a los internos, sino también de que se ganen la vida de manera lícita, para que ayuden al sostenimiento de sus familias.
Chang indicó que los responsbales son varias instituciones del Estado. “Pienso que el principal problema es la resocialización de los condenados. Tienen que cambiar su conducta con miras a insertase en la sociedad. Respecto a esto, el INPE no es el único implicado. También lo están la Policía Nacional, El Poder Judicial, El Ministerio Público, entre otros. Incluso, también está involucrado el Congreso respecto a la determinación del injusto penal. De nada sirve que se cumpla con la pena si no logramos la resocialización. En ese sentido, el punto de partida es qué le ofrecemos a los reos para poder darles una oportunidad en la vida”, dijo Chang.
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El especialista se refirió a la presunta mafia que fue intervenida hace unas semanas en el penal de Piura e indicó que deben fiscalizar exhaustivamente el desemeño del personal del INPE.
“El tema de la corrupción es un tema moral. Para evitar que ingresen malos elementos al INPE, es importante que sean educados con los valores propios de la institución: la reinserción positiva a la sociedad de los condenados por penas privativas de la libertad. En ese sentido, no basta con educar a los miembros del INPE, sino fiscalizar el correcto desempeño de su trabajo”, mencionó.
Asimismo, Chang explicó que el INPE debe aplicar un verdadero programa de reinserción para que los presos se ganen la vida lícitamente y ayuden a sus familia, y no operen con hechos delictivos desde los penales.
“El INPE debe realizar una propia gestión respecto de los programas de reinserción. Hay que prever la posibilidad de no sólo de educarlos, sino también de que se ganen la vida de forma lícita dentro del penal, para que puedan cooperar con el sostenimiento de sus familias. No en todos los casos, los reos son malas personas. Algunos han cometido errores y están arrepentidos. La sociedad no puede dar la espalda a aquellos que pueden reinsertarse en la sociedad”, enfatizó Guillermo Chang.
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En tanto, según el congresista de la República, Diego Bazán Calderón, que fue quien presentó la propuesta legislativa que permitirá la reestructuración de los altos órganos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), señaló que serían presuntamente los propios miembros de seguridad de INPE quienes, mediante actos de corrupción flagrante, facilitarían la logística y las condiciones necesarias para que estas bandas y organizaciones criminales, practiquen y ejecuten una nueva forma de terrorismo ciudadano.
Como se recuerda, en Piura, el pasado 26 de abril, la División de Investigación Criminal (Divincri) y la Fiscalía Antidrogas detuvieron a 31 personas, entre los que se encuentran altos funcionarios y trabajadores del INPE y del penal de Piura. Además de reos, quienes presuntamente serían parte de un grupo criminal dedicado al ingreso de teléfonos celulares y venta de droga, donde también fue realizada en Tumbes y Lambayeque.
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