El no presentó las pruebas de los delitos de secuestro y extorsión que imputaba a los tres detenidos que eran investigados por el secuestro de un empresario piurano, motivo por el cual fueron liberados. Esta decisión de la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla ha causado malestar en la Policía y hasta el mismo general Edward Espinoza López manifestó sentirse consternado con esa decisión judicial.

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Libertad

En este caso, la Policía detuvo a tres presuntos involucrados en el secuestro, para ello el fiscal presentó como medios probatorios el voucher de recepción de los 100,000 soles a nombre de Anthony Freddy Terán y una de las transferencias de 5,000 soles que se logró hacer a un presunto involucrado. Sin embargo, esas no son pruebas de secuestro y extorsión.

En el caso del detenido Daniel Chumacero Riega se acogió al derecho constitucional de guardar silencio y, además, no permitió que ingresen a sus celulares, pero el fiscal tampoco solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones o geolocalización, motivo por el cual no logró vincular a los detenidos con los delitos de extorsión y secuestro.

En el derecho penal tiene que calzar la conducta imputada con el actuar de los investigados.

Por este motivo, la jueza declara infundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público en la investigación por el presunto delito de extorsión agravada en agravio del empresario C. E. T. R. (57) otorgándoles comparecencia con restricciones.

Además, dispuso el pago de caución por parte de los procesados, en este caso, Anthony Freddy Terán Prado, Daniel Jesús Chumacero Riega y Samuel Leonardo Rivas Rivas, por el monto de 1,000 soles cada uno, pago que se encuentra supeditado al plazo de ley.

Tal decisión generó la preocupación en la Policía, cuyos efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) señalaron que se pudo evidenciar el movimiento del dinero en las cuentas bancarias de los intervenidos, pese a ello la magistrada ordenó dejarlos en libertad.

“Estamos preocupados por ese fallo porque a nivel policial, según investigación preliminar se ha demostrado que se llevó a cabo el secuestro, que hubo cautiverio, lesiones en agravio del secuestrado, negociación y también pago de rescate. Se detuvo a las tres personas donde se movilizó el dinero del rescate, dos de ellos presentan antecedentes”, dijo un agente de la Divincri.

Nuestra fuente agregó que uno de ellos se ha negado a que se aperture su teléfono donde se pueda tener más evidencias, las mismas que serían de convicción para determinar este presunto delito.

“Entonces, eso perturba la actividad probatoria, sin embargo, salen con este fallo”, indicó el agente.

Según se conoció, para hoy sábado 16 de abril se tendría programado las diligencias en la Divincri, donde se tomarían las declaraciones ampliatorias del agraviado y de los presuntos implicados Daniel Chumacero Riega (27) y Samuel Rivas Rivas (27), donde se visualizarán los teléfonos celulares y otros equipos.

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