El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Castilla, en la región Piura, detectó un perjuicio económico en la construcción de aulas provisionales de contingencia de la institución educativa Víctor Artemio Pasapera, que finalmente no se usó por lo riesgoso del lugar.
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De acuerdo con el informe N° 003-2024, el perjuicio económico asciende a 258,909 soles debido a la implementación de un plan de contingencia, que no se utilizó.
Según Contraloría, los funcionarios de la Municipalidad de Castilla no realizaron las acciones respectivas para verificar la disponibilidad del terreno donde se harían las aulas provisionales, a pesar de ser los encargados de la aprobación del expediente técnico de la obra principal, que está valorizada en 8′236,000 soles.
En la práctica, el proyectista del expediente planteó que las aulas provisionales se construyan en un terreno de 4.293 metros cuadrados, ubicado en el sector 1, Mz. D lote 1 del A.H. Campo Polo de Castilla. Sin embargo, dicho terreno pertenece a la parroquia San Martín de Porres y, además, estaba totalmente construido.
“Se identificó el lugar destinado para el plan de contingencia, el cual dista de lo plasmado en el expediente técnico, debido a que dicho lugar pertenece a la parroquia San Martín de Porres, en donde está toda su área construida y en funcionamiento”, alegó la empresa contratista.
Ante el problema, los funcionarios de Castilla optaron por plantear un terreno alternativo de 2.925 metros cuadrados, ubicado en el parque zonal 03 de Octubre, del asentamiento Chiclayito.
De acuerdo con el informe de control, este cambio se hizo sin un informe de gestión de riesgos, ni las incompatibilidades existentes respecto a la situación del predio, para no afectar la prestación del servicio educativo.
“El plan de contingencia de la obra está ubicado en una zona vulnerable a inundaciones por las lluvias y por la salida de aguas residuales, también es una zona de alta peligrosidad por la presencia de bares clandestinos y cercanos al canal Biaggio Arbulú”, refieren los auditores.
Agregan que los alumnos soportarían olores nauseabundos de las aguas servidas y estarían en riesgo por la proliferación de zancudos.
Por estos motivos, los padres de familia se opusieron al traslado de sus hijos a este peligroso sector, con lo que nunca se usaron las aulas de contingencia que demandaron una inversiónde 258,909 soles.
Ante ello, los alumnos del centro educativo de nivel inicial y primaria recibieron clases en seis locales, a los que los padres de familia alquilaron desde marzo del 2023.
La OCI determinó presunta responsabilidad civil en Gary Celi Alzamora (subgerente de obras) y Jhon Távara (gerente de Desarrollo Urbano) y presunta responsabilidad administrativa en Brisbany Campos León (responsable de la revisión del expediente) y Félix Avilés (exgerente de Desarrollo Urbano y Rural).
