Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la población penal, el Instituto Nacional Penitenciario en articulación con la Dirección Regional de Salud de Piura (DIRESA) viene atendiendo a los internos del establecimiento penitenciario de Piura en la prevención y tratamiento de la tuberculosis (TBC).

Estas acciones forman parte de una estrategia de búsqueda activa de casos de tuberculosis en penales a nivel nacional, puesta en marcha por el INPE y el Ministerio de Salud, con el fin de salvaguardar la salud de la población penal, así como reducir el riesgo de contagio a través de las visitas y su influencia en la comunidad.

En línea con esta intervención, el INPE a través de la subdirección de Salud, informó que el 2025 se realizó un plan de atención con el MINSA, entre los meses de setiembre y diciembre, mediante la toma de placas radiográficas digitales y el procesamiento de muestras por biología molecular (Genexpert), diagnosticando 150 casos de tuberculosis de una población penal de 4,500 internos, lo que representa, el 3.3% del total. Casos que vienen recibiendo la atención adecuada en tratamiento, alimentación y seguimiento.

Mientras que de enero a marzo del presente, se diagnosticaron 37 casos más de TB en búsqueda regular, y que también están recibiendo el tratamiento adecuado. Así también, la DIRESA PIURA, a través de un médico consultor en TB, asiste dos veces al mes, al centro penitenciario para evaluar los casos, a parte del área de salud del INPE.

Por su parte, el director regional de Salud, Joe Olivares López realizó una supervisión integral a los servicios médicos del recinto penitenciario, donde corroboró el funcionamiento de la atención sanitaria y verificó que los protocolos se vienen aplicando de manera adecuada, incluyendo las referencias oportunas a establecimientos de salud de mayor complejidad cuando el caso lo requiere.

El INPE viene desplegando acciones para la atención oportuna de la población penal con tuberculosis, en estricto cumplimiento de sus funciones y con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.