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Un escándalo se ha generado luego que el Coliseo de Gallos, perteneciente a la municipalidad de Ayabaca, fuera utilizado por la excandidata a la presidencia de la República Verónika Mendoza y otros simpatizantes, para promover marchas a favor del adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente.
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Local
La reunión se realizó el pasado domingo 22 de enero de 2023, denominada I Asamblea Regional Constituyente–Ayabaca Piura Resiste, que tuvo la participación de la excandidata Verónika Mendoza y de los ronderos de esta provincia ayabaquina, así como del exministro de Salud, Hernando Cevallos.
Verónika Mendoza promovió que la salida a esta crisis política no solo corresponde a la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sino al adelanto de elecciones y al cambio de la Constitución.
“Fíjense ustedes hermanas y hermanos, ya hablábamos en ese momento de la necesidad de una nueva Constitución, de un nuevo pacto social y muchos nos miraban como si fuéramos unos loquitos y veían el tema de la nueva Constitución como un tema lejano, quizá inalcanzable y hoy siete años después estamos viendo, sintiendo y viviendo que ese sueño, ese horizonte que parecía lejano se nos está acercando, el pueblo está caminando hacia ese horizonte y a punto de concretarse”, señala Mendoza.
Frente a este hecho, el alcalde de la provincia de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, fue cuestionado, ya que los locales que pertenecen a la municipalidad o a una entidad del Estado, no pueden ser utilizados para fines políticos.
Por ello, Quinde Rivera señaló que desconocía el alquiler de este local para este tipo de reuniones, para lo que ha iniciado una investigación.
El alcalde explicó que en un primer momento, este local fue alquilado a una asociación de galleros y le acaban de entregar las llaves tras conocerse este caso.
Precisó que también coordina este caso con el subgerente de Patrimonio para conocer la vedad del alquiler de este local. Descartó tajantemente pertenecer a estos partidos políticos donde se promueve el adelanto de elecciones o las marchas contra el gobierno actual.
“Recién hace unos días me he enterado de ese tema, bueno yo he dispuesto a mis gerentes las investigaciones correspondientes porque yo no he estado enterado de verdad de ese tema. También he dispuesto iniciar las acciones administrativas o en todo caso las sanciones penales de quienes han dado la autorización”, explicó el alcalde.
Según especialistas en derecho penal, de encontrarse responsabilidad en la municipalidad de alquilar locales para fines políticos, se estaría incurriendo en el delito de peculado de uso tal y como lo precisa el artículo 388 del Código Penal: El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hayan bajo su guarda será reprimido por pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años”.
