Dos suboficiales y un teniente de la Policía Nacional que son investigados por presuntamente haber cobrado S/2000 para liberar a un hombre que tenía una requisitoria por omisión a la asistencia familiar en la comisaría de Paita Baja en la provincia de Paita, podrían ser sentenciados a 6 años de cárcel.
Se trata de los suboficiales de tercera de la PNP Constantino Damaso Ramos Cadillo (28), Franco Peña Jesús Alfredo (27) y el teniente PNP Junior Alexander Borda Tinta (29), investigados como presuntos autores del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio de Estado Peruano.
Según el Ministerio Público, los mencionados policías podrían ser condenados a una pena no menor de 6 años de pena privativa de la libertad por el delito que son investigados.
El pasado 1 de octubre, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, junto a la Policía de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), intervinieron la comisaría de Paita Baja, en la ciudad de Paita.
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Esto debido para ejecutar el requerimiento de detención preliminar por 72 horas contra dos suboficiales, aunque solo pudieron detener a Jesús Alfredo Franco Peña.
Asimismo, incautaron celulares, computadoras, laptops y otros equipos de almacenamiento de datos. Además, dispusieron el levantamiento del secreto de las comunicaciones para la visualización de la información que contengan los mismos.
Mientras que el pasado sábado 4, el suboficial de tercera PNP Constantino Damaso Ramos Candillo (28), fue detenido por sus propios colegas cuando había llegado a la oficina de Personal de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) en Sullana, debido a que tenía una orden de detención preliminar del Poder Judicial.
Tras ello, el último miércoles 9, el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, logró obtener 9 meses de prisión preventiva contra el teniente y los dos suboficiales.
Los hechos que son investigados por el Ministerio Público y la Policía, habrían sucedido el pasado 6 de agosto en circunstancias que los imputados habrían intervenido a un ciudadano que tenía requisitoria por omisión a la asistencia familiar y lejos de ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, lo habrían liberado, tras presuntamente solicitar y cobrar una coima de 2 000 soles.
