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Un total de 40 personas, entre ellos el exgobernador de Puno, Juan Luque Mamani, y la actual autoridad, Agustín Luque Chayña, fueron hallados con responsabilidad en presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la construcción del hospital regional Manuel Núñez Butrón de la Ciudad Lacustre.
El informe es de la Contraloría General de la República, cuya auditoría detectó irregularidades y la presunta responsabilidad civil y/o penal y/o administrativa de los funcionarios, exfuncionarios, servidores y exservidores del Gobierno Regional, por hechos que se han concretado entre los años 2013 y 2020.
Durante la revisión, se hizo un análisis de actos y documentación desde el año 2013 cuando el gobierno regional convocó la contratación del estudio de factibilidad y expediente técnico que fue declarado desierto, y luego contratado como adjudicación de menor cuantía.
Como se recordará, el estudio fue declarado viable en 2015, pero el gobierno regional decidió cambiar la ubicación de la nueva infraestructura del hospital y asumió la elaboración del nuevo expediente técnico por administración directa el año 2017.
Ya en el año 2019 se convocó su ejecución mediante licitación pública y, como resultado, en 2020 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra por S/ 329 373 420,56.
Hallazgos
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 19338-2021-CG/MPROY-AC (Periodo de evaluación del 4 de setiembre de 2013 al 2 de julio de 2020) emitido y notificado a los responsables, determinó una serie de irregularidades en la convocatoria de la licitación pública, el otorgamiento de la buena pro y la suscripción de contrato con un postor que no acreditó la experiencia en la ejecución de obras similares y del plantel profesional clave.
También, en la eliminación de componentes del proyecto sin efectuarse la verificación de viabilidad incumpliendo la normatividad de inversión pública, contrataciones de servicios de manera previa al requerimiento o a la recepción de la orden de servicio, y el pago de remuneraciones con fines distintos a la ejecución de la obra, que afectaron la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad que deben regir las contrataciones públicas y uso de recursos públicos.
Además de las irregularidades identificadas se ha determinado un perjuicio económico ascendente a S/ 164 369 por el pago de Compensación de Tiempo y Servicios (CTS) a personal contratado para la elaboración del expediente técnico de la obra, debido a que es un beneficio remunerativo que solo corresponde a personal nombrado. Adicionalmente dicha vinculación se efectuó sin contar con la normativa y perfiles profesionales exigidos para estos fines.
