El gerente general del Proyecto Especial Tacna (PET) Justo Sarmiento Yufra confirmó ayer que la obra del canal Vilachaullani, componente del proyecto Vilavilani II Fase I, se encuentra paralizada desde mayo del 2021 debido a la medida cautelar interpuesta por el Gobierno Regional de Puno.
De esta forma negó que se estén efectuando trabajos a cargo de la contratista Aguas de Manantial, tal como sostienen los comuneros y dirigentes de Puno y Tarata que desde el lunes se encuentran en dicha zona andina acatando una vigilia mediante turnos para impedir el reinicio de la obra.
Recién fueron notificados en mayo
Sarmiento Yufra, en entrevista en Radio Uno, dijo que la cautelar, conocida en diciembre del 2020, recién les fue notificada en mayo, algo que ellos también deseaban a fin de poder ejercer su derecho de defensa. Es más, dijo que en junio recién les adjuntaron la demanda, para poder rebatirla como fondo del proceso.
Dijo que una vez recibida la cautelar han expresado su oposición porque consideran que el juez de Puno, que otorgó el recurso, no es competente y no le corresponde la jurisdicción. Están en espera de que esto se resuelva. Incluso lo han quejado a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma).
“El PET está dispuesto al diálogo”
El funcionario afirmó que están dispuestos a iniciar una jornada de diálogo con los comuneros. Incluso se les pidió que fijen fecha y hora en el encuentro que tuvieron el pasado 24 de mayo en la sierra, pero los pobladores no se pusieron de acuerdo y luego se retiraron.
Por otra parte, cuestionó el amedrentamiento por parte de comuneros de Puno ya que bloquean la carretera e ingresan con cerca de 40 vehículos a los cuales les taparon la placa y adulteraron con cinta negra. Pese a solicitar al mayor y al teniente de la Policía que intervengan, estos no lo hicieron, refirió.
Procurador acusa que siguen trabajando
El procurador del Gobierno Regional de Puno Santiago Molina, mediante llamada telefónica enfatizó que sí se estaba realizando trabajos como el cavado de zanjas y labores previas al inicio de actividades mayores, de lo cual tienen registros fotográficos y han informado al magistrado.
Reiteró que el Gobierno Regional de Tacna, el PET y la contratista han entorpecido la notificación al dar diferentes direcciones, por lo cual en más de una ocasión la cédula fue devuelta. Reconoció también que la pandemia demoró este proceso.