Dos autoridades municipales y un conductor fueron proced penales inmediatos tras confrontar a agentes policiales en dos incidentes separados. Tanto la Fiscalía como los juzgados identificaron elementos suficientes para sustentar las acusaciones de desobediencia y violencia contra la autoridad pública.
El Ministerio Público dispuso la continuación de las investigaciones en cada caso con rapidez procesal. Los implicados enfrentan penas severas contempladas en el Código Penal por sus acciones frente a las intervenciones policiales.
Alcalde de Cairani rechazó la prueba de alcoholemia
Richard Flores, alcalde del distrito de Cairani, fue intervenido el 6 de marzo en la intersección de la avenida San Martín con la calle Francisco Lazo. Los agentes detectaron que el vehículo que conducía presentaba indicios claros de que su operador había consumido bebidas alcohólicas.
La fiscalía formalizó el requerimiento de proceso inmediato el 8 de marzo por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. El juzgado evaluó la solicitud ese mismo día y la declaró procedente para su tramitación urgente.
La legislación penal clasifica la negativa a someterse a análisis de sangre para verificar la ingesta de alcohol como un delito grave. El Código Penal establece una pena privativa de libertad que oscila entre cuatro y siete años para estas conductas.
La sanción refleja la gravedad que el ordenamiento jurídico otorga a la obstrucción de controles de seguridad vial. Tanto autoridades como ciudadanos comunes enfrentan idénticas consecuencias por desobedecer estas disposiciones.
Confrontación en terreno del Gobierno Regional
El segundo caso involucró al alcalde de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, junto a José C. T., identificados por la fiscalía como presuntos autores de violencia y resistencia a la autoridad en su forma agravada. Los hechos ocurrieron durante una diligencia de recuperación extrajudicial de un predio estatal administrado por el Gobierno Regional.
Tras la intervención policial y las primeras diligencias, la fiscalía solicitó también proceso inmediato contra ambos implicados. El juzgado evaluó la petición y la declaró procedente, aunque autorizó que enfrenten la investigación en libertad bajo comparecencia simple.
Reacciones de la defensa
Por su parte, Daniel Astete García, abogado defensor del alcalde Cutipa, evaluó la situación procesal desde una perspectiva técnica. El letrado enfatizó que la decisión fiscal representa solo una hipótesis investigativa al afirmar que “solamente es una postulación de la Fiscalía, no es algo que tenga que darse. Vamos a presentar elementos de prueba y descargo”.
Yolanda Gómez Zegarra, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos del Sur, analizó la actuación de la Procuraduría en el caso del terreno estatal. La activista cuestionó la legalidad del procedimiento al sostener que “no hablamos de desposesión ni de posesión precaria. La defensa posesoria extrajudicial en este caso estaría fuera de la legalidad”.
