La comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, rechazaron lo vertido por la empresa minera Southern Perú en la cual indican que los comuneros ingresaron a inmediaciones de la garita de control de Viña Blanca, cerca al ingreso del campamento de Cuajone.
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Según el comunicado oficial de Southern, el domingo comuneros habrían atacado con piedras al personal de vigilancia de la garita de Viña Blanca, apoderado de equipos de radio comunicación y prendido fuego a arbustos cercanos, para luego retirarse de la zona.
Culpan a empresa por información en redes
Los comuneros sostienen que “a través de sus trabajadores y del funcionario de la empresa, Felipe González, la Garita de Viña Blanca fue quemada por los comuneros (...) dichos eventos carecen de veracidad y nos vemos en la necesidad de desmentir tajantemente”, según se lee en el comunicado.
El miembro de la directiva de la comunidad, Ivan Mendoza, señaló que incluso circularon fotos pasadas para crear caos y zozobra en la población. “Están difamando a la comunidad, que somos vandálicos e inclusive algunos periodistas han publicado fotos (de actos vandálicos) de un tema que pasó creo en Ayacucho”, manifestó el dirigente.
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Cabe anotar que la información de que habían incendiado la garita y la foto de un incendio aparentemente en una instalación minera, sólo circularon por Facebook y Whatsapp sin ninguna fuente que se la atribuya y que no fue tomada en cuenta por medios de comunicación serios y responsables como este.
Aseguran están predispuestos al diálogo
Por otro lado, el abogado de la comunidad, Guido Herrera, anunció que evalúan si interpondrán una denuncia por difamación contra la minera. Manifestó que la comunidad se encuentra predispuesta al diálogo con el Ejecutivo y la minera este 31 de marzo cuando llegaría el primer ministro Aníbal Torres, siempre y cuando sea en Viña Blanca, a fin de garantizar la seguridad de los participantes.
Desde hace 30 días los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala han bloqueado la línea férrea de Southern que conduce hacia la fundición de Ilo y cortado el agua potable en Cuajone, paralizando la producción de la mina de cobre y poniendo en riesgo la salud de 5,000 personas, entre trabajadores y sus familias, que viven en el campamento minero.