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El gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Rafael Zacnich Nonalaya, cuestionó el Proyecto de Ley 4303/2022, que pretende cambiar siete artículos del capítulo económico de la Constitución por considerarla lesivo para el país.
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Señaló que pasaríamos de tener una “economía social de mercado” a una “economía popular de mercado”, la cual busca que el estado tenga protagonismo empresarial, que pueda tomar decisiones con intervencionismo del grueso calibre, pese a que la misma Constitución advierte sobre las graves consecuencias sociales que esto generó en el pasado.
Lecciones del pasado
“El protagonismo empresarial ya lo vivimos en la época del gobierno del general Velasco y el primer gobierno de Alan García. Una economía con un estado interventor que pretende competir con las empresas privadas, establecer políticas sin tomar en cuenta la autonomía del Banco Central de reserva u otros estamentos son muy perjudiciales para el consumidor, para el ciudadano de a pie”, subrayó.
Explicó que otro elemento dentro de este proyecto de ley es eliminar los contratos ley, que sirven de alguna manera para atraer inversiones ya que como país estamos en una región en la cual se trata de atraer empresas inversoras que generen empleo para los ciudadanos pero las inversiones necesitan predictibilidad.
Pérdidas millonarias
“Nadie dice que no puedan renegociar contratos, se puede hacer, pero se sientan la empresa con la contraparte y negocian, no puedes patear el tablero, quitar la concesión, ‘sabes que, te quito el contrato’, eso no se puede ni se debe hacer, esto es lo que causaría este proyecto de ley”, advirtió.
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Desde la época del General Juan Velasco Alvarado hacia 1979 se tiene estimaciones de pérdidas acumuladas de las empresas estatales de casi 2,500 millones de dólares, que son más o menos el 10% del PBI de ese entonces y luego se implementaron medidas de alivio que fueron erróneas como emitir dinero en el gobierno de García; rememoró el Zacnich Nonalaya.
Quiebran y miran al Estado
En el caso de las aerolíneas de bandera dejaron pérdidas millonarias para las arcas estatales de casi 100 millones de soles entre 2000 y 2004. “En telecomunicaciones ni qué decir nuestros abuelos tenían que esperar de 1 a 2 años para poder tener un teléfono fijo en casa”, lamentó.
Dijo que hoy en día las empresas privadas tienen que ser eficientes porque tienen que recuperar su capital y responder a la confianza que se le dio. “En el caso del Estado cuando las cosas van mal ¿qué es lo que hacen? voltean a mirar al Ministerio de Economía o a las arcas del Estado a la cual contribuimos todos o el 25% que finalmente somos los contribuyentes”, enfatizó el ejecutivo.
