El alcalde de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Walter Cardoza Chura estuvo hoy en los actos por los 44 años del Centro Comercial Feria 28 de Julio y en su alocución como invitado dijo que el remate de carnaval del fin de semana en su distrito sirvió para dinamizar la economía y restó importancia a la labor del Ministerio Público que lo investiga por presunto delito de peculado, tras utilizar las carpas de Defensa Civil que son para tiempos de desastres como albergues de los danzantes llegados de otras regiones.
MIRA ESTO: Tacna: Allanan vivienda del alcalde de Ciudad Nueva Walter Cardoza Chura
Justifica acción
“Ayer, en estos días, ha venido (a Ciudad Nueva) la Fiscalía, no me importa. Cómo recibo a tanta gente, más de 2 mil personas visitando ese distrito heroico; se han ido a la playa los de Oruro, los sikuris se han tomado una foto hermosa en la Catedral... Si me sacan, no tengo ningún problema, pero el pueblo de Ciudad Nueva y Dios sabrán tomar las mejores decisiones. Siempre seré una persona como soy, alegre, y sobre todo quiero reactivar la economía...”, indicó.
Fiscalía interviene
Ante la denuncia de ciudadanos sobre el uso indebido de carpas y colchones para albergar a delegaciones de danzantes en el remate de carnaval en Ciudad Nueva del último fin de semana, la Fiscalía Anticorrupción de Tacna hizo una inspección en los estadios 28 de Agosto y Cachipucara, constatando que había 86 carpas y 28 colchones.
Sacaron de almacén
El despacho fiscal que investiga el caso está a cargo de Roxana Ticona, quién hizo la verificación con policías de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) sobre la presencia de carpas con logo de Defensa Civil y de la municipalidad de Ciudad Nueva en recintos deportivos. Los representantes de la Fiscalía y PNP también acudieron al almacén de la comuna y no hallaron esos bienes destinados para las emergencias.
Pena de cárcel
Según el Código Penal, comete delito de peculado el funcionario o servidor público que usa para sí o para otro los bienes del Estado que le confiaron por su cargo y puede ser condenado de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad.
