Un caso de presunto abuso generis denunció el empresario y excandidato al Congreso por Tacna Juan Retamozo, quien está a punto de perder el hogar que construyó con mucho trabajo y esfuerzo.
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Contó que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna en el año 1998 mediante la Resolución Divisional N.º 035-98-DI- TAC impuso una multa administrativa de 6,500 soles a La Librería e Imprenta Galicia, cuya propietaria era su esposa Graciela Aquije Herrera, por supuestamente no cumplir con pagar una Compensación por Tiempo de Servicios y gratificación a empleada de dicho negocio.
“Deuda se disparó sin control”
“Al inicio no nos percatamos bien de la existencia de esa multa, por lo que tiempo después, vimos que se incrementaba sorprendentemente a montos inimaginables, justificándose con intereses que el ejecutor coactivo abogado Edwar Tenorio, los capitaliza y lo que capitalizó los vuelve a capitalizar de forma alarmante”, precisó.
El monto de la deuda que inicialmente era de 6,500 soles fue incrementado a 105,577 soles. “Pareciera ser ficción, pero es la realidad, bajo esas justificaciones perversas, ha logrado generar ese monto. Lo peor, como si fuera dueño y autoridad sin control alguno, ha embargado mi domicilio, primero por 83,595 soles”, anotó el empresario.
Asegura que es un atropello
Asegura que el ejecutor coactivo por su solo criterio y como si tuviera facultades extra jurisdiccionales e ilimitadas, ha incrementado el embargo de la vivienda hasta por 137,098 soles.
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“La Dirección Regional de Trabajo y específicamente el ejecutor coactivo esta cometiendo un vil atropello, pues esta vulnerando los más elementales principios y derechos, como a la legalidad, el derecho a la propiedad, al derecho a la defensa, a un debido proceso, entre otros que son vulnerados abusivamente por estos funcionarios”, cuestionó Retamozo.
Perjuicio a emprendedores
Se preguntó quién controla estos abusos del funcionario ya que deben ser muchos los emprendedores tacneños que trabajan en la formalidad, pagando sus impuestos, y que se ven afectados y ahora son las víctimas.
Precisó que a la trabajadora de la librería le cancelaron todo en cuanto a la CTS y gratificaciones. Sin embargo ella quería más y la Dirección de Trabajo le brindó apoyo con la defensa legal gratuita en el juicio, pero el juzgado laboral le denegó esa demanda declarándola infundada.
