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Una investigación efectuada por la Contraloría al proyecto de “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Mariscal Castilla” permitió detectar un perjuicio económico contra el Estado, el cual asciende a más de 363 mil soles.
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Esta obra la tuvo a cargo el Gobierno Regional de Tumbes (GRT) y fue inaugurada a finales de enero del 2020 por el expresidente Martín Vizcarra, pese a que presentaba fallas e inundaciones a tan solo dos cuadras del estrado que se había montado en la avenida intervenida.
La entidad regional se encargó de suscribir un contrato por S/ 10´399,308.51 con el Consorcio Vial Tumbes, para la ejecución de los trabajos, con un plazo de 300 días calendarios.
La obra que formó parte del plan de reconstrucción con cambios inició el 30 de noviembre del 2018 y fue culminada el 2 de diciembre del 2019. Finalmente, el monto contractual liquidado fue de S/ 10´630,953.17. Es preciso mencionar que se aprobaron dos adicionales de obra y tres deductivos, además de cuatro ampliaciones de plazo.
Respecto a la supervisión el Gobierno Regional de Tumbes contrató Consorcio Norsur por S/ 448,000 para la consultoría.
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Perjuicio
En el informe de control posterior N° 27699-2022-CG/GRTB-AC se precisa que el GRT pagó metrados de 14 partidas que no se ajustan a lo realmente ejecutado por el Consorcio Vial Tumbes, así como un incorrecto cálculo de reajustes; lo cual ocasionó perjuicio económico por S/ 363 549,96.
Asimismo, durante la prestación del servicio de supervisión de la obra, el consultor solicitó una ampliación de plazo de 21 días calendario, debido a que al contratista se le aprobó una ampliación de plazo también de 21 días, en razón que la obra estuvo paralizada por lluvias, solicitud que fue aprobada por el GRT.
En ese sentido, la prestación ya no culminaba el 24 de octubre del 2019, sino el 14 de noviembre de ese mismo año.
Sin embargo, el consultor no realizó la prestación del servicio por estos 21 días, recurriendo la entidad a designar a un inspector de obra dado que el proyecto terminó el 2 de diciembre del 2019.
Posteriormente, ante la liquidación del contrato por parte del consultor, el GRT no emitió ni notificó su pronunciamiento sobre dicha liquidación dentro del plazo establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado.
“Esto originó que quede consentida la referida liquidación, que incluyó los 21 días en los que el consultor no prestó los servicios de supervisión de ejecución de obra, generando un potencial perjuicio económico de S/ 21,952″, se lee en el informe de la Contraloría.
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Responsables
De acuerdo a la labor fiscalizadora de la Contraloría, son diez exfuncionarios los que tendrían responsabilidad civil y en algunos casos también administrativa, por el perjuicio económico detectado.
En esta lista figuran Julio César Castillo Moscol, Franz James Jara Vera, Juan Manuel Izquierdo Sanjinez, José Luis Gutiérrez Díaz, Ricardo Rodolfo Caballero Alón, Wilmer Córdova López, Jimmy Alexánder Pacheco Marchán, Darwin Christian Castro Jiménez, Víctor Enrique Jaime Arrieta y Miguel Alonso Flores Muro.
Se ha recomendado a la Procuraduría iniciar las acciones civiles contra los exfuncionarios comprometidos.
