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El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tumbes sentenció a ocho años de prisión a tres personas tras hallarle responsabilidad en el caso de los “servicios fantasmas” en la Dirección Regional de Educación. Ellos fueron condenados por el delito de peculado doloso agravado.
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En adelanto de lectura de sentencia, el tribunal integrado por Edgar Adriano Izquierdo Ruiz, Juan Carlos Valdiviezo Gonzáles y Richard Omar Rueda Olivos, resolvió condenar a 8 años de pena privativa de la libertad de carácter de efectiva contra Manuel Elías Vásquez Acosta, en su calidad de jefe de la Oficina de Tesorería de la Dret, quien habría firmado los cheques que se cobraron por los 10 servicios no realizados.
En calidad de cómplices Javier Girón Ramos, en su calidad de jefe de la Oficina de Contabilidad, quien habría realizado los devengados de los 10 servicios, y a Riqui Anthony Carrillo Balladares, en la calidad de supuesto proveedor y captador de otros proveedores, quien además habría cobrado y acompañado a cada uno de los otros proveedores.
Los sentenciados tendrán que pagar una reparación civil solidaria de 400 mil soles a favor del Estado. Además de 365 días multa.
El mismo colegiado absolvió de todo a Johnny Heraldo Lindao Feria, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Administración de la Dret, sobre quien pesaba una orden de prisión preventiva de 10 meses y se encontraba prófugo de la justicia.
También fueron absueltos Wilfredo Chávez Criollo, Ritter Adolfo Moscol Zapata, Rosa Ysabel Arica Saavedra, Eliana María Crespo Romero, Carlos Fernando Herrera Guevara y César Iewin Rojas Guevara.
El fiscal Elber Jonathan Rivas Céspedes, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tuvo a cargo la investigación y juicio del caso de los “servicios fantasmas” en la Dirección Regional de Educación.
El representante del Ministerio Público está a la espera de la lectura integral del fallo, para ver si apela en algún extremo de la pena.
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Hechos
Cabe mencionar que estos sucesos están referidos a la presunta apropiación de caudales del Estado, que se habría suscitado entre funcionarios públicos de la Dirección Regional de Educación Tumbes y particulares para sustraer recursos públicos, cobrando por 10 servicios, que nunca se ejecutaron, en distintos institutos superiores de la región.
Ellos habrían efectuado pagos por servicios a proveedores, quienes manifestaron que no ejecutaron servicio alguno lo cual ocasionó un perjuicio económico ascendente a 296 mil 609.42 soles al Estado.
