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La Contraloría General detectó la contratación irregular de un proveedor en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, durante el 2020 y 2021, el cual se encontraba impedido de contratar con la entidad por ser hermano de un funcionario de confianza, además, no cumplió con los términos de referencia requeridos. Cuatro funcionarios y exfuncionarios ediles tendrían responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.
Según el Informe de Control Específico N° 017-2021-2-0474-SCE, de la revisión a la información registrada durante los periodos presupuestarios 2020 y 2021, se identificaron diez pagos al proveedor contratado en modalidad de locador de servicios, de octubre de 2020 a julio de 2021, en la subgerencia de Estadística e informática, por un monto ascendente de S/ 15, 600.
Sin embargo, la Contraloría evidenció que este proveedor se encuentra impedido de contratar con la entidad por ser pariente en segundo grado de afinidad (hermano) del Secretario General e Imagen Institucional, funcionario de confianza designado desde el 3 de enero del año 2020, lo que contraviene la normativa de contrataciones del Estado.
Del mismo modo, se reveló que el proveedor no acreditó contar con el título de técnico o bachiller en informática y sistemas, ni tener un año de experiencia en el cargo, como lo exigían los términos de referencia requeridos; lo que no fue verificado por la Subgerencia de Abastecimiento y, a pesar de ello, la Subgerencia Estadística e informática emitió conformidad de los trabajos realizados.
Estos hechos afectaron la transparencia, libertad de concurrencia, igualdad de trato, competencia e integridad que deben regir en las contrataciones del Estado, y la legalidad de las actividades de administración pública. Como consecuencia de ello, se identificaron responsabilidades penales y administrativas en dos subgerentes y dos exsubgerentes de la entidad. El informe fue comunicado al titular de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar para las acciones administrativas correspondientes y al Procurador Público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones legales penales.
