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Una polémica que se ha originado en redes sociales tiene relación con la reciente modificación del Plan de Vacunación contra la COVID-19 en el Perú. Esta semana, a través de la Resolución N° 161-2021-Minsa, se dio a conocer cuales serán las fases que se seguirán hasta lograr la inmunidad de la población.
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La discusión se produce a horas de que las primeras 300 000 dosis de vacunas contra la pandemia desarrolladas por la empresa china Sinopharm lleguen al Perú. Se estima que el avión que las traslada aterrizará en Lima a las 19:45 horas de este domingo 7 de febrero.
Según la citada documentación, las fases de inmunización se desarrollarán de la siguiente manera:
Fase 1 de vacunación
Como prioridad se inoculará al personal que se encuentra en constante riesgo de contagio por la naturaleza de su labor ante la sociedad.
- Toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud.
- Personal de las Fuerzas Armadas y Policiales
- Bomberos
- Cruz Roja
- Personal de seguridad
- Serenazgo
- Brigadistas
- Personal de limpieza
- Estudiantes de la salud
- Miembros de las mesas electorales
Fase 2 de vacunación
A través de esta fase se pretende que las personas vulnerables eviten desarrollar un cuadro grave por COVID-19 y de esta manera reducir el número de muertes.
- Adultos mayores de 60 años a más
- Personas con comorbilidad a priorizar.
- Población de comunidades nativas o indígenas
- Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y a las personas privadas de su libertad
Fase 3 de vacunación en Perú
- Personas de 18 a 59 años que lo soliciten
La respuesta a la pregunta del titular de esta nota es afirmativa. Sí se vacunará a las personas privadas de su libertad antes que a la población en general de manera voluntaria y gratuita.
Esto a raíz del hacinamiento que se registra en los distintos penales del país y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.
El TC, a través del EXP. N.° 05436-2014-PHC/TC, declaró estado de cosa inconstitucional el hacinamiento en los centros penitenciarios siguiendo, a su vez, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“En atención a todo lo previamente expuesto, este Tribunal considera necesario y plenamente justificado recurrir a la técnica del estado de cosas inconstitucional a fin de evitar mayores vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, más aún en contextos acuciantes como las emergencias sanitarias, como es el caso del COVID-19 (...)”, se lee en el fallo.
Cabe mencionar que la disponibilidad de dosis podría obligar a modificar el calendario de vacunación, tal como está sucediendo en países de Europa ante el incumplimiento de ciertos laboratorios.
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