EE.UU.: Amy Barrett, la candidata a la Corte Suprema que preocupa a los inmigrantes

Las audiencias para la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, candidata del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la Suprema Corte de Justicia, comienzan este lunes y se anuncian como una gran batalla, ya que los demócratas urgen a aplazarlas hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

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Su confirmación parece casi asegurada ya que los republicanos cuentan con 53 de los 100 escaños del Senado. Pero dos no quieren elegir un nuevo juez antes de los comicios y tres padecen COVID-19, lo cual podría privar a los republicanos de la mayoría, ya que el voto es presencial e indelegable.

Barrett es conservadora, profundamente cristiana y opuesta al aborto. Pero en inmigración su historial es escaso y mixto.

Ha dado la razón al gobierno para frenar el avance de derechos de los inmigrantes, aunque no siempre. Si es confirmada por el Senado, ¿apoyará la agenda antiinmigratoria del presidente estadounidense?

Trump nominó a Barrett para reemplazar a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, quien ayudó a impedir que su gobierno eliminara el programa DACA que permite a más de 700.000 jóvenes inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos, y frenó una ley de Arizona que convertía en crimen el ser indocumentado.

Barrett, de 48 años, solo tiene tres años de experiencia como jueza federal en la corte de apelaciones del 7º Circuito, en Chicago. Los activistas proinmigración están preocupados por su jurisprudencia allí.

El día que se opuso a Trump

Muzzafar Chishti, director del Migration Policy Institute (MPI) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, recordó que en un caso, Barrett se opuso al gobierno de Trump cuando éste intentó eliminar una política que permite a los jueces migratorios cerrar indefinidamente casos de deportación, lo cual en los hechos permite a estos inmigrantes quedarse en Estados Unidos.

Barrett “es lo que llamamos una textualista estricta, y eso significa que estudia la formulación exacta de un estatuto o regulación, y no va más allá, o detrás de eso”, dijo Chishti.

Andrew Arthur, experto del Center for Immigration Studies (CIS), un centro de análisis conservador que busca reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, describió a Barrett como una jueza concienzuda, “que no se desvía de la jurisprudencia”.

“Ha tratado de deportar a la mayor cantidad de gente posible”

Critican sobre todo a Barrett porque como jueza de apelación defendió la voluntad de Trump de endurecer el decreto de “carga pública”, que permite negar una “tarjeta verde” o estatus de residente permanente a inmigrantes que podrían necesitar asistencia gubernamental.

“Este decreto tenía como objetivo crear un miedo increíble en la gente, y nuestro miedo es real”, dijo a la AFP César Vargas, el primer abogado abiertamente indocumentado de Nueva York.

A raíz de esta opinión judicial de Barrett y de otra en la cual se negó a dar protección humanitaria a un salvadoreño por inconsistencias en su testimonio, Vargas está inquieto por una eventual confirmación de Barrett.

Barrett “ya ha tratado de deportar a la mayor cantidad de gente posible o se ha unido a Donald Trump para instigar miedo e impedir que primero, la gente venga aquí, y segundo, tratar de excluirlos de cualquier tipo de beneficio”, dijo Vargas, de origen mexicano.

En otro caso, Barrett defendió la decisión de un funcionario consular que negó una “tarjeta verde” a la esposa yemení de un ciudadano estadounidense.

De los siete hijos de Barrett, dos fueron adoptados en Haití. Pero eso no garantiza que defienda a los inmigrantes, dicen sus críticos.

En los últimos cuatro años, la Corte Suprema apoyó a veces la agenda antiinmigratoria de Trump, por ejemplo al prohibir los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de varios países musulmanes como Siria, Yemen o Irán.

Sin embargo, falló en contra del gobierno al impedir la eliminación del DACA, y al no permitir al gobierno incluir en el censo de este año una pregunta sobre la ciudadanía, algo que hubiera amedrentado a los más de 10 millones de inmigrantes sin papeles del país, según expertos.

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