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A un año de la crisis por la pandemia del coronavirus, en España los jóvenes emancipados, familias con hijos o mujeres solas en situación precaria, recurren a medidas extremas como hacer pañales con sábanas o pedir ayuda para medicinas.
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“La administración ha funcionado según las reglas, pero tenemos unas prestaciones que tienen sus límites y el sistema de protección social no está concebido para este impacto”, explica a Efe la coordinadora de estudios sociales de Funcas (centro de análisis creado por la Fundación de Cajas de Ahorros), Elisa Chuliá.
En España, añade la socióloga, existe un sistema de pensiones “potente” que protege “razonablemente bien” a los mayores, algo que no ocurre con otra parte de la población como los jóvenes desempleados o las personas que no cotizaron suficientemente por sus empleos como para recibir prestaciones.
“Muchas de ellas ya han formado sus propias familias y es la población que se ha visto más golpeada, en especial los menos calificados y con trabajos más inestables o del sector informal”, afirma Chuliá.
Más allá de la falta de comida
En general, añade la investigadora, la distancia entre los más y menos cualificados se agranda y plantea un problema de cohesión social que acaba mostrando conflictos como inquietud, insatisfacción y posibles movilizaciones, ya que “la gente cuando no tiene nada que perder sale a la calle”.
De momento, “la situación está contenida y el Estado está haciendo esfuerzos pero sobre todo lo que hay que poner en valor es la tarea de las ONGs, que están haciendo una labor esencial”, dice la experta.
Igual que Chuliá, el vicepresidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), Javier Cuenca, explica que pese a que el desempleo “no hace diferencias, los jóvenes tienen en contra que tienen trabajos precarios, contratos muy temporales”.
Uno de los sectores más afectados en España es el de la hostelería y el turismo, debido a las restricciones que impuso la pandemia, lo que provocó el cierre de numerosos hoteles, bares y restaurantes.
“Hay gente que ha tenido que prescindir de internet, quitar radiadores para no gastar luz (...) mucha gente nos ha pedido ropa de abrigo por ese motivo”, explica el representante vecinal.
Se suma a ello el pago de las hipotecas y los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, donde este gasto es muy elevado, como el caso de la capital.
Cuenca preside una asociación en un barrio popular de Madrid que ayuda con los gastos de medicinas a personas vulnerables, como Jessica, una desempleada de 46 años, sin apoyo familiar y enferma de cáncer. A esta mujer le diagnosticaron hace dos años un cáncer pulmonar y de colon, que va superando poco a poco, pero lo está pasando “fatal” porque la economía la está ahogando.
Desde que dejó el trabajo hace aproximadamente año y medio no tiene ingresos y ha ido vendiendo sus pertenencias para subsistir. En este momento ya no puede afrontar el pago del alquiler del pequeño piso donde vive y el banco la apremia para cobrar deudas.
Aparte de los fármacos, tampoco le llega para los pañales que necesita (uno de los efectos secundarios de la quimioterapia es la diarrea): “He cortado sábanas para hacer pañales (...) a veces no tengo ni detergente para lavar”. “Estoy en el límite, pero estoy sola y no me puedo rendir”, afirma Jessica.
El Gobierno español aprobó el pasado mayo una renta mínima de 430 euros (unos 520 dólares) de media, para las personas más vulnerables pero su tramitación es muy lenta y farragosa, lo que frenó su implementación, tal como denuncian organizaciones sociales.
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