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Una corte de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este miércoles que el Departamento de Justicia puede continuar con acceso a los documentos confidenciales incautados por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-lago, Florida, por lo que no solo tendrá acceso a ellos el perito independiente designado, Raymond Dearie.
Un panel de tres jueces del undécimo circuito de la Corte de Apelaciones estadounidense, que cubre los estados de Alabama, Florida y Georgia, suspendió la orden emitida por la jueza federal de distrito Aileen Cannon, que, en un tribunal de primera instancia, había denegado al Departamento de Justicia una moción para continuar revisando e investigando material incautado en la residencia de Trump.
“Es evidente que el público tiene un gran interés en garantizar que el almacenamiento de los registros clasificados no resulte en un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional”, señaló el panel de tres jueces.
Cannon nombró el pasado 15 de septiembre al juez federal Raymond Dearie, antiguo magistrado principal del tribunal del distrito con sede en Brooklyn, como único responsable de la revisión de aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados, así como los documentos físicamente adjuntos a los mismos.
Este martes, el Departamento de Justicia presentó una moción urgente en el undécimo circuito de apelaciones con respecto al uso de los 100 documentos marcados como clasificados que habían sido incautados en Mar-a-Lago por el FBI el pasado 9 de agosto.
En su apelación ante este tribunal, con sede en Atlanta, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la orden de Cannon “perjudica” su investigación criminal y daña irreparablemente al Gobierno al bloquear “pasos críticos de una investigación criminal en curso y obligar a la divulgación de registros altamente confidenciales”, según un documento legal divulgado este miércoles.
En el marco de una investigación abierta a Trump, agentes del FBI registraron las dependencias del expresidente en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) y hallaron una cantidad importante de documentos, algunos de ellos con etiquetas que decían “alto secreto”, “secreto” o “clasificado”.
El expresidente republicano (2017-2021) respondió demandando al Gobierno en los tribunales de Palm Beach. El caso recayó en Aileen Cannon, una jueza nacida en Colombia y nombrada precisamente por Trump cuando estaba en la Casa Blanca.
La decisión de Cannon de aceptar la designación de un perito independiente para revisar los documentos hallados en Mar-a-Lago, como pidió Trump, le generó numerosas críticas.
Este hecho ha sido cuestionado por expertos legales que consideran que esto retrasará temporalmente la investigación criminal del Gobierno.
La cartera de Justicia había solicitado que se le permitiera revisar solo los documentos marcados como clasificados y que la revisión de Dearie los excluyera.
La idea de la designación de un perito independiente, que fue aceptada por Cannon, partió de los abogados de Trump con el fin declarado de dar “confianza” a la investigación por el traslado de documentos oficiales a Mar-a-Lago, un centenar de los cuales es de carácter “clasificado” de acuerdo con la Fiscalía General.
Fuente: EFE
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