Un juez de Bolivia ordenó este viernes la aprehensión de Evo Morales por la presunta trata de una menor durante su mandato (2006-2019), decisión que el exmandatario consideró como una persecución de “una justicia servil” al gobierno de su exaliado Luis Arce.
La justicia emitió la resolución luego de que Morales no se presentara por segunda vez a la audiencia en la que se debía resolver un pedido de prisión preventiva.
“Se dispone (que) se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado”, determinó el juez Nelson Rocabado durante la audiencia.
La fiscalía, que acusó formalmente a Morales del delito de trata de personas, ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a declarar a una sede del Ministerio Público.
La nueva orden de aprehensión es para que se presente ante el juez que dirige la causa.
“Denuncio al mundo que me persigue y me condena en tiempo récord, una ‘justicia’ parcializada y servil al gobierno de Arce (...) que tiene dominado a todo el Órgano Judicial”, reaccionó el líder indígena en su cuenta de X.
Durante la audiencia, Rocabado también declaró en rebeldía a Evo Morales, para que el proceso no se archive hasta él comparezca ante la justicia.
Según Morales, la “declaración de rebeldía” ya estaba redactada desde antes y fue enviada por “los ministerios de Gobierno y Justicia”.
“Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados contra la opresión”, añadió.
El expediente
El juez de Tarija también congeló los bienes del político y prohibió su salida de Bolivia.
La audiencia debió desarrollarse el martes, pero Morales no se presentó. Sus abogados alegaron problemas de salud. La defensa presentó certificados que le diagnosticaban bronconeumonía y bradicardia.
La fiscal del caso Sandra Gutiérrez aseguró a la prensa que la justicia determinó que los documentos médicos presentados “no son impedimentos jurídicos valederos” que justifiquen su inasistencia.
Según el Ministerio Público, Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente. Los padres de ella consintieron la unión en un intercambio de favores. Fruto de la relación nació una hija un año después.
De acuerdo con el expediente, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”.
Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020.
En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de 14 a 18 años. Esta vez la fiscalía se concentra en un caso de presunta trata.
De ser condenado, Morales enfrenta a una pena -según la fiscalía- de 10 a 15 años de prisión.
A buen resguardo
Aunque su paradero es público, la policía nunca ejecutó la orden de aprehensión de la fiscalía.
El expresidente se encuentra desde septiembre en el Trópico de Cochabamba, su feudo político en el centro del país, bajo la protección de sus partidarios, que aseguran haber montado varios “anillos de seguridad” para impedir su detención.
“La seguridad del hermano Evo, en este momento” está a cargo de más “de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas”, dijo el miércoles a la AFP Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los hombres más cercanos al ex jefe de Estado.
Desde que salió a la luz el proceso, Morales sostiene que es víctima de una “brutal guerra jurídica” orquestada por el presidente Arce.
Ambos están enfrascados en una intensa lucha por el control del partido oficialista y la candidatura presidencial de la izquierda.
Morales acusa a su exministro de intentar “proscribirlo” de la carrera electoral de agosto próximo, aunque la justicia en noviembre restringió sus ambiciones políticas, al limitar la reelección por más de dos gestiones de gobierno.
“Mis acusadores no buscan justicia, quieren proscribirme y eliminarme ante las próximas elecciones presidenciales de Bolivia”, insistió el ex jefe de Estado.
