Ayer, 15 de julio, se cumplieron 200 años de la firma, en la ciudad de Lima, del Acta de la Declaración de la Independencia del Perú. Este fue el momento de iure o de derecho necesario y más trascendente que marcó la naturaleza jurídica de nuestra ulterior separación política de España -13 días después-, convirtiendo a nuestro país en Estado soberano; sin embargo, la memoria colectiva de los peruanos relieva mayoritariamente el día de la proclamación de la independencia que fue el sábado 28 de julio de 1821, realizada en la Plaza Mayor de Lima y en tres plazuelas de la Ciudad Jardín. La declaración, entonces, fue el acto del derecho, y la proclamación, el acto político. Los dos fueron indispensables y complementarios, donde la ausencia de cualquiera no permitía el perfeccionamiento del acto como legítimo, carácter indispensable para confirmar al Estado como sujeto del derecho internacional, es decir, con capacidad para contar derechos y deberes, y asumir responsabilidad internacional. La impecable redacción del Acta fue obra del arequipeño Manuel Pérez de Tudela, y fue firmada en acto solemne por los vecinos y notables de Lima, es decir, fue esencialmente estamental -llegaron a 339 aunque hasta los primeros días de agosto de 1821, llegaron a firmar unas 2000 personas-, que fue a los pocos días de que el general don José de San Martín, consumara su objetivo de venir al Perú ingresando en Lima. Al ingresar en la ciudad más poderosa de Sudamérica, el virrey que lo había invitado en hacerlo, rápidamente la había abandonado con destino hacia la sierra en la idea de recomponer sus fuerzas. Ese día, que fue histórico, en cabildo abierto convocado por el alcalde de la ciudad, el conde de San Isidro, a pedido del Libertador, el Acta se convirtió en el instrumento formal por excelencia del nuevo Estado independiente, que luego afianzó su nacimiento a partir de los principios del uti possidetis y la libre determinación de los pueblos, bases del derecho internacional para la fundación de los Estados, a partir del siglo XIX. No es casual, entonces, que conforme a ley, a partir de hoy, Lima y las demás ciudades del país, deberán lucir embanderadas con el mayor emblema nacional.
