Se ha cumplido un año de la masacre que hubo en las inmediaciones del Aeropuerto Inca Manco Cápac, de Juliaca, en la que efectivos de las Fuerzas Armadas asesinaran a 18 peruanos, por solo el hecho de protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte.

La muerte de los 18 ciudadanos tuvo lugar no solo en las inmediaciones del aeropuerto, sino que también ocurrieron en el centro de la ciudad, a varios kilómetros de distancia, y ha ido calificada como asesinato por cuatro informes de organizaciones internacionales: Amnistía Internacional, la Comisión Inter americana de Derechos Humanos (dos) y Human Rights Watch.

A un año las investigaciones para determinar y sancionar a los responsables han avanzado muy poco. En cinco oportunidades se han cambiado las instancias del Ministerio Público. Empezó a investigar la Fiscalía Provincial de San Román, se trasladaron las investigaciones a Lima y se designó una instancia especializada en Derechos Humanos.

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 27 de noviembre del 2023, anunció que presentaba denuncia constitucional ante el Congreso, por el delito de “crimen calificado” de unos 50 peruanos a la presidenta Boluarte, su premier Alberto Otárola y otros tres ministros.

A pesar de que se necesita conocer la verdad, identificar a los responsables, que pueden ir desde la propia presidenta por la naturaleza de las ordenes que habría emitido para reprimir las manifestaciones que fueron presentadas como hechas por “terroristas senderistas”, se ha avanzado muy poco.

El país, Puno en particular, los familiares deudos, necesitamos conocer la verdad y que se sancione a los responsables de estos asesinatos.