Una de las funciones más importantes del Estado es proveer servicios públicos de calidad y, además, hacerlo oportunamente. El objetivo es asegurar el bienestar de la población y satisfacer necesidades fundamentales como agua y saneamiento, salud, educación, seguridad e infraestructura en general. Anteriormente hemos expuesto la falta de capacidades de las municipalidades, sobre todo en la formulación y evaluación de proyectos públicos, lo que limita la ejecución de los recursos asignados para inversión pública. Hacia 2024, el 65% de municipalidades a nivel nacional, y el 74% de las de Piura, requerían capacitación en esa área, según el INEI. A esto debemos sumarle una alarmante cantidad de obras paralizadas relacionadas con el abastecimiento de agua potable, centros educativos, caminos vecinales o infraestructura en general. En todo el país, se identificaron 2,428 obras paralizadas, valorizadas en S/ 44,298 millones, de acuerdo con la Contraloría. En Piura, si bien el número de obras paralizadas es menor (128), su valorización se acerca a los S/ 4,000 millones. El incumplimiento de contratos, las deficiencias en los expedientes técnicos, las discrepancias, controversias y arbitrajes, la falta de recursos financieros o el abandono de la obra son algunos de los motivos que explican estas paralizaciones. En Piura, el 50% de las obras se inició antes de la pandemia, y la mayoría son responsabilidad de las municipalidades. Esta situación afecta directamente los bolsillos de todos. La falta de servicios públicos se traduce en un mayor costo de vida para la población. Las autoridades parecen ignorarlo, pero quien lo sufre día a día es la ciudadanía.
