Uno de los propósitos de desarrollar acciones políticas es el lograr acuerdos viables entre quienes plantean ideas diferentes, de modo que se pueda construir una propuesta de país y sociedad estable, institucional en el tiempo. La búsqueda de acercamientos programáticos no elimina las diferencias.
El llamado fujimorismo busca el debilitamiento institucional e impide el combate efectivo a la delincuencia, mal usa el poder para aprovecharse de bienes y recursos del Estado a su favor.
La búsqueda del bien común resulta mentira por sus acciones. Con el pretexto de la derrota del terrorismo en los años 90, tomó bajo su control las instituciones del Poder Judicial, el sistema electoral y de control, empleó la demagogia y mentira a través de la llamada “prensa chicha y amarilla”, difamando, persiguiendo y reprimiendo.
Todo el país rechaza a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El rechazo público a la congresista Patricia Chirinos, quien agrediera, insultando, al expresidente Castillo; las pifias a la ministra de Cultura Leslie Urteaga; la huida del gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima; y los gritos de “corrupta” a Dina Boluarte, expresan el descontento y agotamiento de la paciencia pero son, también, acciones ciudadanas de rechazo.
Las respuestas soberbias y groseras de las autoridades acentúan el problema y las colocan alejadas de la realidad. La responsabilidad central de las agresiones, sustituyendo argumentos políticos, es de quienes detentan formalmente el poder. Las autoridades por serlo, tienen la obligación de rectificarse, disculparse y favorecer las investigaciones para castigar a quienes han asesinado a medio centenar de peruanos. De lo contrario, las protestas seguirán escalando.
