Parece que el viejo y trillado recurso de apelar a la “persecución política” va a tener que ser dejado de lado por el congresista Guillermo Bermejo, a quien ayer le han allanado la casa y el despacho parlamentario como parte de las investigaciones que se le siguen por su supuesta participación en la banda denominada “Los operadores de la reconstrucción”, dedicada a recibir dinero por gestionar obras en pequeños distritos, todo esto durante el régimen de Pedro Castillo, acusado de golpista y ladrón.
Para empezar, sería bueno preguntarse qué pretenden encontrar el Ministerio Público y la Policía Nacional en la casa y la oficina de Bermejo, si desde hace un mes el caballero sabía que esto iba a suceder, pues varios de sus presuntos cómplices ya han sido sometidos a una investigación. ¿No hubiera sido mejor hacer esta diligencia al inicio de las pesquisas? Desde un principio se sabía que el legislador elegido por Perú Libre estaba embarrado hasta el cuello en estos hechos.
Para aceptar el pedido de allanamiento de parte del Ministerio Público, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, ha tenido en cuenta que Bermejo habría logrado que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en tiempos de Castillo, destine recursos para obras en el distrito de La Unión, en Piura, lo cual calificaría como delito de tráfico de influencias agravado. Esto se oficializó dos días después de una reunión entre el congresista y Castillo en Palacio de Gobierno.
Como era de esperarse, Bermejo ha salido a decir que es objeto de “persecución política” y que el Ministerio Público se ha prestado a un show. Ha jurado inocencia y que va a demostrar que nada tiene que ver con lo que han hecho dos personas de su entorno, una de ellas un trabajador de su despacho. Sin embargo, recordemos que un colaborador incluso ha hablado de entrega de dinero en efectivo al “camarada Che”, que es como el Ministerio Público llama al legislador en el otro caso que se le sigue por nexos con el terrorismo.
Es evidente que el panorama jurídico-penal de Bermejo se torna muy complicado. Quizá por ahora esté libre por la protección constitucional que le otorga su condición de legislador, un cargo que usó para proteger a Castillo, con quien según el Ministerio Público, habría jugado en pared para obtener los recursos que más tarde fueron a parar a los bolsillos de una manga de sinvergüenzas, todo en nombre de hacer obras de reconstrucción en un distrito pobre y olvidado como La Unión, en la castigada región Piura.
