Es de esperarse que dentro de apenas ocho días, el martes 28 de enero, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declare la ilegalidad y mande al tacho de basura, de una vez por todas y de manera definitiva, la inscripción como agrupación política con posibilidad de participar en elecciones, de ese mamarracho de “partido” creado por el asesino de policías Antauro Humala, al que ya se han subido varios congresistas de izquierda que no quieren volver al anonimato de que salieron en 2021.

Ese día debe verse la apelación presentada por la llamada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO), luego que en primera instancia la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, a pedido del Ministerio Público, declaró ilegal a esta organización que tiene como “propuesta política” el acabar con la democracia, el estado de derecho y las libertades, y fusilar a varios expresidentes acusados de corrupción.

La Corte Suprema está en la obligación de acabar con esa agrupación encabezada por un asesino por más que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que presidía Jorge Luis Salas Arenas, haya dado ver verde a su inscripción bajo el absurdo argumento que la agrupación ANTAURO no era encabezada por Antauro Humala, porque este sujeto no aparecía entre los líderes declarados formalmente. Más absurdo, más jalado de los pelos, imposible. Solo en el Perú la democracia se hace harakiri de esta manera tan burda.

Los que deben estar preocupados son los actuales congresistas de izquierda que se han subido al carro del carnicero de Andahuaylas, especialmente el exministro castillista Roberto Sánchez, denunciado por el Ministerio Público ante el Poder Judicial por su presunta participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Parece que la democracia no es algo que agrade mucho a este caballero elegido en su momento por el partido de Verónika Mendoza, que además es investigado por delitos de corrupción.

El Estado y la legalidad no pueden dispararse a los pies, no pueden dar un filudo sable a sus verdugos para que más tarde vengan a cortarles la cabeza. Tienen que defenderse con la fuerza que les permite el ordenamiento jurídico. Por eso, la próxima semana los jueces supremos deben corregir al nefasto JNE y ratificar la ilegalidad de ANTAURO, que se basada en esa “ideología” inclasificable llamada “etnocacerismo”. El Perú tiene que ser un país serio, y para eso se necesitan autoridades responsables.