Lo sucedido en Pataz el fin de semana es preocupante. El crimen perpetrado en la minera La Poderosa no es un hecho aislado sino el clímax de la inacción y pasividad del Estado en los últimos años respecto de la minería ilegal y la informalidad.
Si antes la minería ilegal era asociada a ser una actividad altamente contaminante y generadora de externalidad negativas para la sociedad; ahora se le añade su vinculación con grupos delictivos que generan caos y representan una amenaza a la actividad minera formal y a la seguridad nacional.
El mismo patrón se replica en el ámbito urbano con los pequeños negocios que son extorsionados por bandas organizadas de criminales nacionales y extranjeros. ¿El resultado? Un real atentado a la libertad de empresa en el país y a la esperanza de progreso de millones de hogares.
La agenda de reformas que el Perú necesita implementar para converger a las economías de la OCDE sitúa como tema de fondo el combate a la informalidad. Lamentablemente, poco o nada se ha avanzado por implementar políticas públicas basadas en evidencia que hagan frente a esta enfermedad. Asimismo, no podemos ignorar que la minería ilegal necesita ser erradicada y que esta tarea no puede limitarse a lo que el Ministerio del Ambiente pueda hacer. El Ministerio de Energía y Minas es el llamado en esta oportunidad a abordar el problema de manera integral.
Por el momento, nos queda la reacción de las fuerzas del orden para resguardar las operaciones de la minera Poderosa, pero es imperativo que dejemos de ser un Estado reactivo y empecemos a trabajar en las políticas públicas necesarias para lograr una verdadera economía social de mercado.
