Como suele pasar, cada año los casos de corrupción que implican a autoridades y funcionarios siempre son novedad,y durante el 2019, además, se observó a empresarios privados enfrentar serios cargos ante la justicia al encontrarse coludidos en actos ilícitos.
El trabajo desplegado por la administración de justicia, en algunos casos de manera silenciosa, dio los resultados esperados al poner detrás de las rejas a personas que aprovechándose de la confianza cayeron en la tentación de robar recursos públicos para beneficio propio.
Ex autoridades, alcaldes, gobernadores, regidores y funcionarios de alto nivel, tanto civiles como militares y policiales, en los últimos doce meses terminaron en prisión y ahora responden por sus faltas cometidas en sus funciones.
Todo esto es producto del control público que se demanda, en especial a cargo de Contraloría de la República, responsable de supervisar a las diferentes gestiones para advertir y corregir situaciones anomalas que puedan darse en las mismas.
Además, es importante el fortalecimiento que es necesario darse a las Oficinas de Control Interno (OCI), que funcionan en cada institución pública y por años dependían erradamente de los titulares del pliego, cuando estas debían ser independientes.
Precisar, al cierre del 2019, el número de personas sancionadas por cometer actos irregulares es difícil, empero podemos advertir que si el control persiste y se fortelece, entonces mejores resultados se tendrán el 2020, esperando sea así pues a la corrupción no se le puede dar tregua.
