El viernes pasado pusimos en la portada de Correo Lima que debido a la ola de atentados con granadas de guerra y dinamita en Lima y La Libertad ocurridos en un solo día, estaba claro que habíamos vuelto a una época de terror como la sufrida por los peruanos en los años 80 con los embates de bandas terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Esta idea ha quedado ratificada con el ataque con explosivos perpetrado en la madrugada de ayer contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, la capital liberteña.

Si los criminales han comenzado a atacar con dinamita a entidades públicas encargadas de luchar contra su accionar, no nos sorprendamos si en los próximos días vuelan una comisaría, un cuartel, un patrullero con policías adentro, una sede judicial, la casa de un juez, de un fiscal o de un general, o quizá un medio de comunicación, tal como se vivió en los años 80 e inicios de los 90, cuando los terroristas buscaban arrinconar al Estado a punta de dinamita y asesinatos selectivos.

Esta modalidad de terrorismo no es nueva. Se viene alertando desde hace tiempo a raíz de los ataques con explosivos al tendido eléctrico que alimenta las operaciones de minera Poderosa, en la provincia de Pataz, región La Libertad. Sin embargo, la respuesta desde el Poder Ejecutivo es victimizarse y culpar a los medios por informar lo que sucede en el país. Allí está lo dicho por el decadente ministro del Interior, Juan José Santíváñez, quien ayer fue a hacer un poco de show a Trujillo; y por su colega de Salud, César Vásquez.

Otro responsable del desborde de la violencia en La Libertad es su gobernador regional, el viajero César Acuña, quien en lugar de trabajar por combatir la extorsión y la minería ilegal con la buena cantidad de recursos públicos que maneja, está más ocupado en apuntalar a su hijo Richard como presidente en la sombra del Congreso para dar trabajo a amigotes impresentables, uno de los cuales ha sido acusado de violación sexual y de ser el cabecilla de una red de prostitución en el propio Poder Legislativo.

Todo indica que los responsables del ataque a la sede del Ministerio Público en Trujillo son criminales ligados a la minería ilegal como los que operan en Pataz. Sin embargo, no debe descartarse que se trate de bandas de extorsionadores que también usan explosivos. Lo cierto es que la violencia está desbordada y no hay respuesta de un Estado plagado de fiscales y jueces que parecen aliados del hampa, y un Ejecutivo que no sabe qué hacer y vive en su burbuja. ¿En manos de quién hemos caído?