La nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debería trabajar muy intensamente para dar al menos los primeros pasos en la refundación de una institución que en los últimos años ha caído en el abismo profundo de la politización, la prepotencia, el abuso, la ineptitud y hasta la complicidad con la delincuencia, esto último traducido en la escandalosa puesta en libertad de peligrosos hampones que son sorprendidos hasta en flagrancia o con evidentes pruebas de su culpabilidad.
No puede ser que al frente de casos emblemáticos de corrupción de personajes de alto perfil político y económico, tengamos a fiscales como José Domingo Pérez, al que le han devuelto incontables veces su acusación en el débil “caso cocteles”, que ha sido desaprobado en un concurso para ser juez, que ha empapelado y arruinado la vida a gente inocente y que antepone los criterios políticos antes que los jurídicos. Veamos, además, todo lo que ha dicho al respecto su hasta hace poco amigo Jaime Villanueva.
Algo similar sucede con la suspendida Marita Barreto, quien a todas luces no reunía los méritos profesionales para encargarse de los últimos casos de corrupción que han sacudido y sacuden al país. Recordemos cuando salió a decir públicamente que un investigado debía demostrar su inocencia, cuando en realidad, por principio universal que se enseña en primer ciclo de cualquier universidad, es el sistema de justicia el que tiene que probar la responsabilidad de quien es objeto de un proceso.
La fiscal Espinoza tiene también mucho trabajo para hacer frente a esos colegas suyos a los que les encanta liberar a delincuentes prontuariados que caen en manos de la policía tras arduo trabajo. Inicialmente se podría pensar que todo se trata de ineptitud o indiferencia ante el drama que vive la sociedad en manos del hampa, algo de por sí lamentable. Sin embargo, es claro que también hay casos de complicidad con la delincuencia que deben ser erradicados y objeto de las más duras sanciones.
El Ministerio Público tiene que regirse por la meritocracia, la idoneidad y la independencia de sus integrantes. No se puede tener en despachos importantes a gente penosa que es un peligro para la persecución del delito y la confianza que pueda tener el ciudadano en los encargados de investigar a corruptos y otro tipo de delincuentes que nos han metido la mano al bolsillo y que merecen estar tras las rejas sin encubrimientos ni dilaciones. Si todo va a seguir igual, mejor apaguen la luz y váyanse todos.
