Los políticos deciden y los técnicos proponen, el drama del Perú es que no tenemos políticos que decidan bien y algunos técnicos están involucrados en actos de corrupción. Estamos caminando por la cornisa, sin capacidad de respuesta por parte de nuestras autoridades.
La inseguridad tiene el efecto de una pandemia. Todos de alguna forma hemos sido afectados por la delincuencia y/o la extorsión, el pago de cupos se ha vuelto la condición para ejercer actividad o negocio lucrativo formal o informal. La consecuencia más visible la hemos visto en el paro de aproximadamente 50 empresas de transporte público de Lima, lo cual expresa un fracaso de la respuesta del Estado, frente a la inseguridad ciudadana.
Se invierte en seguridad ciudadana 14000 millones soles, no obstante ello, contamos con aproximadamente 1300 comisarías de las cuales el 80 % se encuentran el mal estado. No contamos con suficientes efectivos policiales, en promedio hay un policía para 500 habitantes. De igual forma no tenemos un número de patrulleros suficientes y casi la tercera parte de los existentes se encuentran deteriorados. Además hay una deficiente tecnología para hacer frente al crimen organizado y la ciberdelincuencia. Los recursos de la seguridad ciudadana no están bien utilizados.
Comex Perú, en un artículo publicado el 20 de setiembre de 2024 señala: “se calcula que el 44% de toda la producción de oro nacional es ilegal, (…). La minería ilegal llega a tener un valor anual de US$ 6,000 millones, lo que genera una pérdida anual del 2.5 % del PBI del Perú”.
El IPE ha indicado que el Estado ha invertido más de 20,000 millones de soles en Petroperú en los últimos 10 años. A pesar de ello ha vuelto a invertir 8000 mil millones de soles más para salvar a dicha empresa estatal, y nadie augura que la empresa en cuestión será productiva.
El gobierno camina por la cornisa, con el riesgo de desbarrancar al país. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de enmendar el rumbo o irse.
