El Poder Judicial ha terminado de rechazar todos los recursos legales, varios de ellos risibles, presentados por los implicados en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 para que el caso se archive, por lo que tanto el cabecilla de la conspiración, Pedro Castillo, como sus cómplices Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros, están a punto de ser sentados en el banquillo a fin de ser procesados por la última rotura del orden constitucional que ha afrontado el Perú a lo largo de su historia.

Castillo y compañía trataban que se archive la severa pero sensata acusación del Ministerio Público contra los golpistas. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkey, ha rechazado todos los pedidos y ha dispuesto el inicio del juicio contra los que han resultado implicados en el intento del cierre ilegal del Congreso, el asalto del sistema de justicia y la convocatoria ilegal a una asamblea constituyente, una medida que el entonces presidente Castillo anunció con su banda en el pecho, desde Palacio de Gobierno.

La medida del juez Checkley debería servirle al recluso Castillo como una buena bajada a tierra, pues el pobre hombre anda diciendo que sigue siendo el presidente del Perú y barbaridades similares. Cree que su detención en flagrancia fue al margen de la ley y que todo el proceso que se inició en la misma tarde de esa infausta jornada para el país, ha sido un abuso del Congreso y de la justicia. Es más, suele exigir una y otra vez que lo repongan en la Presidencia de la República. En fin.

El juzgamiento del expresidente Castillo y su camarilla golpista, si es llevado de acuerdo a ley y en plazos razonables, puede convertirse, además, en un caso que permita a los peruanos recuperar en algo la confianza en el sistema de justicia que en los últimos años ha ido de tumbo en tumbo y dando palos de ciego, al extremo que en casi ocho años no es capaz ni de lograr una sentencia en primera instancia contra corruptos confesos o que tienen injustificados signos de riqueza.

En el caso de Castillo no hay mucha vuelta que darle. Su proclama golpista en televisión y en cadena nacional es más que evidente. Es hombre quiso convertirse en un tirano que incluso anunció que gobernaría con decretos leyes, algo que no se concretó sólo porque las instituciones y los peruanos se pusieron de pie para rechazar, en minutos, a esta banda integrada por elementos que ahora dicen ser perseguidos políticos. Si hay justicia, su único destino debería ser una larga carcelería.