Muchas veces en este espacio he criticado la labor del Ministerio Público, sea por el triste trabajo de los fiscales politizados que están al frente de casos emblemáticos de corrupción o por la escandalosa facilidad con que sus magistrados, sea por ineptitud o complicidad, sueltan a peligrosos y reincidentes delincuentes comunes. Sin embargo, es bueno destacar el pedido que han hecho ante el Poder Judicial para declarar la ilegalidad de la agrupación política creada por el asesino de policías Antauro Humala.
Tiene razón el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público cuando argumenta que la llamada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO) promueve atentados contra la vida y la integridad de las personas y la exclusión y persecución de personas por cualquier razón, más allá de que la propuesta de este delincuente pasa por destruir la democracia y por cosas tan pintorescas y absurdas como el implantar una “religión tahuantinsuyana”.
Lo que está tratando de hacer el Ministerio Público a través de su pedido al Poder Judicial, es corregir la aberración antidemocrática y en contra de los derechos humanos que ha cometido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presidido por Jorge Salas Arenas de dar luz verde a la inscripción de la agrupación encabezada por un asesino, que es muy sincero en afirmar que de llegar al poder hará fusilar a quien se ponga por delante y que acabará con la institucionalidad, el estado de derecho, las libertades y la democracia.
Los únicos tristes con este pedido que ojalá se resuelva en favor del país, deben ser los del partido del exministro castillista y legislador Roberto Sánchez, hoy bajo investigación por sus nexos con el golpe de Estado de su exjefe, que ya se habían subido al carro de la agrupación de Humala sin importarles los antecedentes criminales de este sujeto que fue condenado a 19 años de cárcel. Con tal de asegurar unos votos que les lleven a mantenerse en algún cargo y tener cierta vigencia, todo vale, ¿verdad, señor congresista?
La democracia no puede ser tonta, como para permitir que sus enemigos apelen al juego de la legalidad a fin de obtener poder y destruirla desde adentro, con la venia de autoridades como las del JNE. Existen las herramientas constitucionales para proteger el Estado de derecho y a la ciudadanía de criminales que andan proponiendo instaurar el reino de la barbarie y el salvajismo. Ahora el Poder Judicial tiene en sus manos la posibilidad de cancelar al partido de quien no debería estar en las páginas políticas de los diarios, sino en las policiales.
