En el 2021, se promulgó la Ley 32358, “Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente”, señalando que toda entidad bajo el Sistema Nacional de Control, cuyas inversiones superen los 10 millones de soles, es objeto de “control concurrente” por parte de la Contraloría General de la República y que, para ello, se destina hasta el 2% del valor total de la obra.
En el informe “El control concurrente: Estimando cuantitativamente sus beneficios” publicado por la Contraloría, se señala que “…por cada sol que se invierte en el control concurrente en obra pública, el Estado ahorra 6 soles; es decir, se obtiene una tasa de rendimiento del 500%, además de contribuir decididamente a que la obra no se paralice”. Recientemente, el Poder Ejecutivo emitió el DU 006-2004, entre cuyas disposiciones redujo el valor de contribución para el “control concurrente”, pasando de 2% a 0,5% como una de las medidas “extraordinarias” que buscan cerrar el déficit fiscal en el 2024. En resumen, el DU en cuestión, suscrito por la presidenta Boluarte y sus 19 ministros de Estado, buscaba “cortar grasa” del presupuesto público para cumplir con la regla fiscal en este año.
Decía Montesquieu que “…Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Ante este evidente “choque de trenes”, que ha significado la inmediata reacción de la Contraloría frente a esta súbita modificación de sus ingresos por parte del Poder Ejecutivo, nos preguntamos: esta medida contenida en el Decreto de Urgencia, ¿Es solo un acto meramente temporal que, junto a otros recortes drásticos en el sector público, busca únicamente cerrar el déficit fiscal en el 2024? ¿Ha sobre reaccionado la Contraloría ante esta medida temporal o se trata en realidad de frenar a una institución que ha venido avanzando en materia de control? Lo cierto es que resulta sorprendente que, mientras con la mano derecha se recortan algunos presupuestos públicos, con la izquierda se apruebe un Decreto Supremo que otorga crédito suplementario por 50 millones a favor del Congreso para financiar “personal, servicios y equipamiento”, cuando ya el presupuesto original de este poder del Estado gozó de un incremento del 23%, pasando de S/879 millones a S/ 1,084 millones en el 2024. Curiosidades e inconsistencias, todas, que sería muy bueno e interesante esclarecer.
