Trujillo enfrenta una grave crisis de inseguridad. El secuestro y asesinato de cuatro personas, y un nuevo crimen dos día atrás, lo expresan claramente. La Policía Nacional sindica a “Los Pulpos”, liderados por Johnson Cruz Torres, (“Johnson Pulpo”), detenido en Bolivia, y hoy arrestado en Perú.
La violencia criminal en Trujillo viene de larga data. Años atrás encontraron responsables, incluso en la policía, de “limpiezas” respecto de delincuentes. La violencia continuó escalando sin que se la pueda frenar. Mientras tanto el gobierno señala que “sin delegación de facultades no puede combatir la inseguridad”. Miente sin vergüenza alguna.
La actividad minera ilegal es un escenario frecuente de inseguridad. Las noticias de crímenes no paran, como el secuestro seguido de muerte de 13 trabajadores de la empresa R y R en la mina “La Poderosa”, en Pataz, el 25 de abril 2025; asaltos en la Rinconada, Juliaca, y otras zonas.
¿Cómo relacionamos ambas? Casi la totalidad del territorio minero está concesionado. El arrendamiento y subarrendamiento de las concesiones titulares a pequeños y medianos productores genera violencia por el acaparamiento y especulación, sin olvidar que las empresas formales terminan comprando el oro a esos mineros informales para ahorrar costos.
El REINFO y su postergación continua hace que las actividades mineras se desarrollen sin sanciones legales, y ha fracasado en todas sus líneas.
Se requiere reformular el sistema de concesiones y ordenar territorialmente el país, porque es un conflicto permanente la expansión minera y la actividad agrícola. Se requiere una reforma constitucional en este tema y, es urgente.
